Ciudad de México, México.- Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales de México encontró este jueves una finca utilizada como clínica clandestina de recuperación para el crimen organizado en Tecalitlán, en el estado de Jalisco (oeste), donde fueron rescatadas ocho personas que se encontraban privadas de libertad.
Las víctimas, todos hombres de entre 16 y 43 años originarios de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, permanecían retenidas contra su voluntad en un inmueble acondicionado para brindar atención médica y rehabilitación física a miembros heridos del grupo delictivo.
En conferencia de prensa, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló que las investigaciones iniciaron tras la desaparición el pasado 21 de julio de un joven de 20 años en Tlaquepaque, quien fue secuestrado tras recibir una falsa oferta laboral.
Tras recabar información de inteligencia que ubicaba al joven en el municipio de Tecalitlán, la Fiscalía estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, ejecutó un operativo de ingreso de urgencia para salvaguardar la vida del afectado, encontrando a los otros siete cautivos en el lugar.
Durante la inspección de la finca, las fuerzas de seguridad incautaron diversos medicamentos, aparatos de asistencia motriz, botas ortopédicas y pares de muletas, además de marihuana, indumentaria táctica y un centenar de cartuchos de alto calibre.
El despliegue concluyó también con la detención de cinco hombres y una mujer señalados como presuntos captores, quienes fueron imputados por los delitos de trata de personas y desaparición.
El hallazgo de este centro clandestino de asistencia sanitaria pone al descubierto las complejas estructuras logísticas que despliegan las células delictivas en el occidente de México para garantizar la atención médica oculta de sus combatientes lesionados.
El operativo ocurre luego de que en marzo de 2025 el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizara en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, cientos de prendas, zapatos y otros objetos personales, además de restos humanos.
La Fiscalía General de la República determinó posteriormente que el lugar era utilizado por una organización criminal como centro de reclutamiento y adiestramiento, aunque descartó que existan pruebas de que operara como crematorio clandestino.
