CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-Guatemala criticó este martes el “exabrupto” de Colombia, que llamó a consultas a su embajadora tras la decisión de la fiscalía guatemalteca de llevar ante la justicia al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, quien dirigió una comisión antimafias de la ONU en el país centroamericano.
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca”, afirmó en un comunicado.
El lunes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó “inmediatamente a consulta” a la embajadora Victoria González, después de que la fiscalía guatemalteca decidiera demandar a Velásquez por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre 2013 y 2019.
“En reciprocidad”, este martes Guatemala también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Reagan Vega, dijo la cancillería, que lamentó que Colombia “vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
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La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, era un ente adscrito a la ONU que junto a la fiscalía develaron varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto fue el que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
Velásquez rechazó la acusación e indicó que no ha “sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”.
La fiscalía guatemalteca, al mando de Consuelo Porras, emprendió polémicas detenciones de exfuncionarios de la CICIG y exfiscales, lo que llevó a que Washington la incluyera en 2021 en su listado de “corruptos y antidemocráticos” y le prohibiera el ingreso a Estados Unidos.
La primera condena contra un exresponsable anticorrupción se dio en diciembre, cuando fue condenada a cuatro años de prisión la exfiscal Virginia Laparra.
