El gobierno de Raúl Castro continúa con una serie de transformaciones económicas, ahora con la ampliación de la política crediticia, la cual permitirá a los cubanos hacer uso de tarjetas de crédito y débito, cheques, pagarés y letras de cambio.
Los trabajadores con cuenta propia, campesinos del sector privado y todas las personas interesadas en comprar viviendas, autos, electrodomésticos y otros bienes podrán obtener créditos bancarios a partir del 20 de diciembre.
La Gaceta también publicó que 'las personas naturales pueden utilizar, además del dinero en efectivo, los instrumentos de pagos siguientes: transferencia bancaria, cheque, orden de cobro, tarjeta de débito o crédito, carta de crédito local, letra de cambio, pagarés y otros que se utilicen en la práctica bancaria'.
Esta nueva gama de servicios significa un gran cambio en la estructura organizacional cubana ya que durante cinco décadas la banca estatal ha sido la encargada de conferir créditos otorgados por méritos laborales en los empleos estatales. De igual forma, hace cinco años las diversas entidades estatales comenzaron a transformar el sistema de pagos de salarios a sus empleados mediante el uso de tarjetas de débito.
Actualmente, los colaboradores solo utilizan la tarjeta para retirar el dinero y no para pagar. Otros usuarios hacen uso de las tarjetas de débito, ya que tienen cuentas en divisas o una tarjeta enviada del extranjero.
En Cuba, el sistema bancario es regido por el Banco Central, que tiene nueve bancos comerciales estatales y 51 instituciones financieras estatales.
Simultáneamente existen once bancos extranjeros, entre ellos BBVA, Sabadell y Banco Nacional de País (BNP) pero ninguno realiza operaciones con personas físicas.
Esta semana, el cambiante gobierno cubano ya ha anunciado transformaciones en la estructura de la empresa de Correos de Cuba y el proceso de negociaciones entre agricultores y empresas turísticas.
Todas las medidas de reestructuración económica han sido implementadas para conseguir descentralizar la economía cubana y reordenar la administración del Estado.
