Estados Unidos lamentó este jueves la decisión de las autoridades de Texas (sur) de
ejecutar el miércoles al mexicano Edgar Tamayo, y expresó su esperanza en que el episodio no cause daños a las relaciones bilaterales con México.
El Departamento de Estado 'lamenta la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisión ni reconsideración del caso, pero mantiene su compromiso de trabajar para cumplir con nuestras obligaciones internacionales', expresó un comunicado.
Tamayo fue ejecutado con inyección letal la noche del miércoles en una cárcel de Texas (sur), al fin de un proceso que se convirtió en un escándalo internacional y motivó firmes condenas de la Unión Europea y de Francia, además del gobierno de México.
El caso de Tamayo era uno de los 51 expedientes considerados en el llamado 'Caso Avena', en el que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos en 2004 iniciar un proceso de revisión por clara violación al derecho consular de los acusados.
De acuerdo con la declaración de la cancillería estadounidense, el respeto a ese fallo de la Corte Internacional de Justicia 'es crítico para nuestra habilidad de asegurar acceso y asistencia consular para nuestros propios ciudadanos detenidos y arrestados'.
Poco más tarde, en una conferencia de prensa, la vocero adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, admitió que la ejecución de Tamayo enviaba un mensaje negativo sobre el compromiso estadounidense de cumplir acuerdos internacionales, como la Convención de Viena.
'¿Si esto envía una señal negativa? Por supuesto. ¿Cómo podemos ir al exterior y pedir que nos garanticen el acceso consular, si nosotros no hacemos lo mismo aquí?', dijo Harf en la sede del Departamento de Estado.
Para la vocero de la cancillería estadounidense, 'es imperativo que podamos ir a otros países y decirles: 'queremos que garanticen acceso consular a nuestros ciudadanos: nosotros lo hacemos y queremos que ustedes también lo hagan''.
Apuntan baterías hacia el Congreso
Harf, sin embargo, reforzó la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley que obligue a los Estados de la unión federal a respetar los acuerdos internacionales firmados por el gobierno central.
En el caso de los condenados a quienes se violó sus derechos consulares, Texas alegó ante la Suprema Corte que no hay una ley federal que obligue a ese Estado a respetar acuerdos internacionales firmados por el gobierno central.
Esta cuestión ya había sido mencionada el miércoles, instantes antes de la ejecución de Tamayo, por sus abogadas defensoras, Sandra Babcock y Maurie Levin.
Para las abogadas, 'es vergonzoso y trágico que el señor Tamayo pague el precio por el fracaso del Congreso en aprobar una legislación que implemente las decisiones del Caso Avena, de la Corte Internacional de Justicia'.
Este jueves, Maureen Meyer, de la ONG Washington Office on Latin America (WOLA), dijo a la AFP que la cuestión era efectivamente fundamental, pero que la solución a ella será más complicada.
'El Congreso debería legislar; la única forma federal es aprobar un mandato para acatar los acuerdos internacionales a nivel estatal. Pero en el contexto actual, en que [el Congreso] ni siquiera puede pasar legislación para gobernar el país, lo veo muy complicado', comentó.
Para Meyer, 'todo esto deja a Estados Unidos en una posición muy difícil. Por un lado criticamos a otros países por su falta de respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Y por otro, como en el caso Tamayo, estamos mostrando que Estados Unidos no tiene mucha base moral para criticar a otros países'.
'Es un momento difícil para que Estados Unidos se presente como campeón de los derechos humanos', remató la analista, quien recordó que esta discusión ya había sido planteada a raíz de la existencia de detenidos sin proceso en la base militar de Guantánamo.
En México, el ex canciller Jorge Castañeda, quien ayudó a diseñar el caso Avena, comentó en un artículo periodístico que 'no es un asunto menor (...) que Texas invoque una soberanía propia' para negarse a realizar la revisión de los casos ordenada por la Corte Internacional.