'Se pudo determinar que este médico comercializaba la medicina para el tratamiento de covid-19, las cuales son suministradas por el Estado venezolano de forma gratuita', apuntó el fiscal general , Tarek William Saab, en una declaración televisada.
Se trata del colombiano Antonio Amell, médico residente en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Sequera de Valencia, estado Carabobo (centro), parte de los 46 hospitales 'centinelas' bajo supervisión militar para atender a los enfermos de covid-19.
Según el fiscal, Amell captaba compradores asegurándoles que el hospital 'no tenía recursos' y les ofrecía por 800 dólares cada ampolla del antiviral remdesivir, que ha demostrado tener cierta eficacia contra el virus.
El médico, detenido el domingo por agentes anticorrupción y el servicio de inteligencia (SEBIN), será imputado por los delitos de 'concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir', continuó Saab.
El martes, Colombia rechazó la 'detención arbitraria' de Amell y exigió 'pleno respeto' a su integridad física. 'Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida', tuiteó la cancillería colombiana.
Saab, en respuesta, aseguró que 'en Colombia se ha pretendido armar todo un escándalo' en torno al caso por el cual el director del hospital 'está siendo investigado'.
El presidente socialista Nicolás Maduro adelantó el martes que una investigación sobre la venta de tratamientos gratuitos para el covid-19 estaba 'muy avanzada'. 'Capturamos a los primeros involucrados, ¡ladrones! (...) Ya está el gobierno de Colombia pidiendo a uno de estos estafadores', expresó en una alocución televisada.
Caracas rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019 tras reconocer, junto a Estados Unidos y más de medio centenar de países, al jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino.
Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula 55,563 contagiados y 444 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch, que las consideran poco creíbles.
La pandemia encontró a Venezuela con un precario sistema público de salud, además de escasez de fármacos, debido al colapso económico que ha causado un éxodo de unos 5 millones de venezolanos desde finales de 2015, según la ONU.
