Tegucigalpa, Honduras.- La organización de la sociedad civil de Guatemala “Poder Ciudadano” denunció una campaña de intimidación y hostigamiento por proponer en el marco de la Constitución chapina un paquete de reformas al sistema judicial.
Amparado en lo que establece el artículo 277, literal d, de la Constitución, se presentó el 28 de septiembre un proyecto de reformas constitucionales con la firma de más de 16,000 ciudadanos. La Constitución pide un mínimo de 5,000.
A raíz de esta propuesta se ha escenificado una serie de amenazas e intimidaciones contra los miembros de Poder Ciudadano y voluntarios que se dedicaron a recoger firmas de la ciudadanía.
Poder Ciudadano presentó una denuncia ante el Ministerio Público a finales de septiembre, pero los seguimientos y las intimidaciones continuaron durante las semanas posteriores.
La situación tomó otro matiz cuando casi de inmediato a la presentación de la propuesta de reforma, la organización llamada Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) pidió al Congreso no dar trámite al documento hasta que no se verificara la veracidad de los datos y firmas que la acompañaban.
La propuesta
En Guatemala, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general no se eligen por carrera ni por mérito verificable, sino a través de unos órganos temporales llamados comisiones de postulación, integrados por rectores universitarios, decanos de derecho, magistrados y el colegio de abogados.
En la práctica esas comisiones se negocian, y los partidos y grupos de interés terminan decidiendo quién juzga. El resultado es un sistema de justicia que no funciona para el ciudadano común y que sí responde a quien lo capturó.
La propuesta de Poder Ciudadano busca una reforma constitucional que elimine ese punto.
Deroga las comisiones de postulación, cambiar la forma de elegir a los magistrados sobre la base de carrera judicial y concurso público, y reduce la influencia de los partidos sobre las cortes y sobre las autoridades clave de control.
¿Qué ha pasado?
La propuesta surge de una necesidad social y por eso Poder Ciudadano busco el apoyo de la ciudadanía, explicó Edgar Ortiz, máximo líder esa organización que no tiene militancia política.
Ortiz indicó en una circular enviada al Congreso que él y su esposa, Marjorie von Scheel, directora ejecutiva de la organización, fueron objeto de seguimientos y amenazas durante ese proceso.
Ante el recurso presentado en el Poder Judicial, la Corte tomó partido y el 5 de noviembre la Corte de Constitucionalidad suspendió el trámite y ordenó verificaciones que ninguna ley contempla y que nadie le había pedido.
La Corte fue más allá de lo que le pidieron
Cedecon, la entidad privada que promovió el amparo, pidió verificar que los firmantes fueran personas reales, vivas, empadronadas y vinculadas al texto. La Corte concedió eso y agregó por su cuenta cuatro exigencias:
1. Peritaje grafotécnico firma por firma contra los registros del Tribunal Supremo Electoral.
2. Un cruce migratorio de cada firmante para establecer si estaba fuera del país el día que firmó.
3. La tercera es la identificación de cada voluntario que recogió firmas, con advertencia expresa de su responsabilidad penal.
4. Una denuncia penal obligatoria ante el Ministerio Público si aparece cualquier indicio de delito.
“Ninguna de esas cuatro está en la Constitución, ni en la Ley de Amparo, ni en ninguna otra ley, ni se le exige a un partido político cuando recoge firmas de afiliación. No existían cuando empezamos a recoger firmas. Se crearon en esta resolución y se nos aplican hacia atrás”, dice la organización de sociedad civil.
El propio Congreso le dijo a la Corte que esto no se puede hacer.
En su informe oficial explicó que carece de la infraestructura técnica y del personal para auditar las hojas firma por firma, que no es un órgano de peritaje dactiloscópico ni grafotécnico, que el artículo 277 le manda ocuparse de la petición "sin demora alguna" y que eso es incompatible con un peritaje individualizado, y que revisar hoja por hoja equivaldría a obligarlo a crear laboratorios forenses provisionales.
La Corte lo ordenó igual, con dos magistradas votando en contra, que debían cumplirse sus órdenes. Según el cálculo de Poder Ciudadano, cumplir la orden tomaría más de cuatro años de trabajo pericial a tiempo completo.
“Dicho de otro modo, una propuesta que la Constitución manda tramitar 'sin demora alguna' quedaría detenida durante más de un período presidencial”.
Retiran la propuesta
La propuesta de Poder Ciudadano fue retirada por ellos mismos para evitar poner en riesgo penal a las personas que firmaron y avalaron la propuesta de reforma constitucional al sistema judicial.
La primera es que cualquier duda sobre una firma, una letra ilegible, un dato mal copiado, una persona que cambió de domicilio, puede convertirse en un proceso penal contra el vecino que atendió esa mesa un sábado, dice.
La segunda es que para cumplir la orden se tendría que entregar una lista con el nombre y los datos de identificación de todos los voluntarios y varios viven en zonas del país con presencia de crimen organizado.
“Esa lista equivale a señalar, con nombre y apellido, quién se paró en la plaza de su municipio a recoger firmas para reformar el sistema de justicia. Y esto ocurre en el país donde en octubre asesinaron a un exfiscal anticorrupción en plena capital”, dice Poder Ciudadano.
“Nuestros voluntarios no son abogados, no son dirigentes, no son parte de este litigio y no tienen seguridad. Ninguna medida de verificación justifica ponerlos en esa posición”.
En todo este embrollo, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, ha salido en solidaridad con los miembros de Poder Ciudadano y lo mismo ha hecho la embajada de Estados Unidos.
