SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó este jueves al Estado de El Salvador poner fin al régimen de excepción que provoca detenciones masivas en el marco de una “guerra” contra pandillas, y advirtió que esa política viola Derechos Humanos y podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.
“Amnistía Internacional solicita al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción y revertir inmediatamente las reformas legislativas que atentan contra los derechos Humanos”, declaró en rueda de prensa en San Salvador la directora regional para las Américas de AI, Erika Guevara.
El llamamiento lo hizo Guevara al presentar el resultado de una “investigación de crisis” sobre la situación de derechos humanos en El Salvador en el contexto de la imposición del régimen de excepción.
En El Salvador se ha generado “una grave situación de violaciones a los derechos humanos”, resume la directora de AI.
En respuesta a una escalada de violencia de las pandillas que dejó a fines de marzo 87 homicidios, el Congreso a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el 27 de marzo el régimen de excepción, el cual ha sido prorrogado en dos ocasiones y finalizará a fines de junio.
La medida ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a más de 36,000 supuestos pandilleros que luego son enviados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional de 15 días a seis meses.
VEA: Salvadoreños felices por deshacerse de pandilleros
El régimen de excepción restringe también el derecho a la defensa de los capturados, y la libertad de asociación.
A inicios de abril el Congreso controlado por el oficialismo, aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
Esas reformas legislativas aprobadas, según Guevara, “atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales, así como aquellas que facilitan el uso indebido del derecho penal y que atenta contra la defensa de los derechos humanos”.
Advirtió que “la política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”.
“A estas alturas (de lo actuado) los tres poderes del Estado (salvadoreño) tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detenga el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado”.
El miércoles, Bukele en discurso a la nación con motivo de su tercer año de gobierno aseguró que está “a punto de ganar la batalla” contra las pandillas y en respuesta a los críticas dijo “El Salvador es un país soberano” y que “tomará las decisiones que consideremos correctas”.
