Nueva Orleans, Estados Unidos.- Un operativo inusual con uso de drones, vehículos blindados y un robot policial permitió la captura de Elvis Caballero Zúniga, un compatriota de 53 años buscado por homicidio en Honduras.
El arresto ocurrió el pasado 22 de agosto en el suburbio de Kenner, Louisiana, luego de un enfrentamiento que obligó a las autoridades a desplegar a su equipo SWAT.
De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el operativo inició tras una parada de tráfico en la que Caballero Zúniga huyó hacia un área boscosa.
Tras confirmar que se trataba de un fugitivo con Notificación Roja de Interpol, las autoridades rodearon su residencia en Kenner.
Para ingresar, el SWAT utilizó un vehículo blindado con brazo extensible que derribó la puerta principal, mientras drones registraban la operación desde el aire.
Posteriormente, un robot equipado con cámara y brazo de agarre ingresó al inmueble, logrando grabar el momento en que Caballero-Zúniga salió y se entregó.
En el video oficial se escucha a los agentes ordenarle: “¡Salga con las manos arriba! Camine, camine, camine”, mientras el hondureño abandonaba la vivienda.
El Departamento de Policía de Kenner (KPD) calificó la operación como “un éxito total”.
“Es muy importante que las agencias federales tengan confianza en nuestro equipo SWAT para resolver con éxito situaciones tan volátiles”, expresó Keith Conley, jefe de la Policía de Kenner.
El KPD informó que Caballero Zúniga permanece bajo custodia y enfrentará un proceso judicial en Estados Unidos. Además del cargo de homicidio en Honduras, se le imputarán delitos por reingreso ilegal al país norteamericano.
El caso ocurre en medio de un fuerte flujo de deportaciones de hondureños desde Estados Unidos. Según cifras oficiales, en el primer semestre de 2025 se registraron 49 vuelos de retorno hacia Honduras, sumando 15.001 migrantes deportados hasta julio.
Actualmente, alrededor de 1,8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre legales e indocumentados.
De ellos, más de 261.000 tienen órdenes de deportación vigentes, mientras que cerca de 76.000 perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras su cancelación.
