Tegucigalpa, Honduras.- La reciente decisión de una jueza federal de frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha generado una ola de expectativas entre miles de hondureños que residen en Estados Unidos, quienes ahora se mantienen a la espera de saber si se reactivarán formalmente sus permisos de trabajo y de conducción.
Aunque el fallo judicial representa un alivio momentáneo, la incertidumbre persiste debido a la falta de un pronunciamiento oficial del gobierno estadounidense.
Según explicó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, la orden judicial detiene la cancelación del TPS decretada anteriormente, pero no significa una reactivación automática de los beneficios migratorios.
Para que los permisos de trabajo y licencias de conducir vuelvan a ser válidos, es indispensable que el Buró Federal, a través de los canales oficiales del gobierno de Estados Unidos, publique las instrucciones correspondientes en el sistema migratorio, específicamente en Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Flores detalló que mientras no exista esa publicación oficial, las agencias estatales y federales no pueden actuar.
“Una persona puede acudir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), pero no le van a dar nada porque no tienen un documento oficial que indique la vigencia del permiso”, explicó.
La misma situación se presenta con los empleadores, quienes están obligados a exigir pruebas oficiales que indiquen las fechas que está autorizado nuevamente el permiso de trabajo.
El dirigente también advirtió que, aunque la jueza ordenó frenar la cancelación del TPS, el gobierno del presidente Donald Trump aún puede apelar la decisión, lo que mantiene el proceso en un escenario incierto.
Recordó que situaciones similares ya han ocurrido con otros países, como Venezuela, donde una decisión judicial favorable fue revertida tras una apelación, dejando a miles de beneficiarios sin protección. En contraste, el caso de Haití muestra un desenlace distinto, ya que tras ganar una apelación, los permisos de trabajo siguen vigentes.
“En este momento la moneda sigue en el aire”, afirmó Flores, quien subrayó que lo que realmente se ha ganado hasta ahora es tiempo, mientras el proceso legal continúa su curso.
Por ello, insistió en la importancia de que el nuevo gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, tome una posición activa y replantee formalmente la solicitud del TPS, lo que considera la vía más sólida para recuperar plenamente el beneficio.
A pesar del fallo judicial, Flores fue enfático en señalar que los hondureños amparados al TPS siguen siendo vulnerables. “Hasta que el gobierno de Estados Unidos no oficialice las medidas, los compatriotas continúan expuestos”, afirmó.
Han pasado más de 48 horas desde la resolución judicial y, hasta ahora, no existe un informe oficial por parte del gobierno estadounidense, situación que mantiene en vilo a la comunidad migrante.
Ante este panorama, la Fundación 15 de Septiembre se encuentra orientando a los hondureños para evitar confusiones, estafas o decisiones apresuradas.
Flores pidió a los beneficiarios mantenerse atentos únicamente a la información oficial y tomar medidas de precaución para evitar ser retenidos por autoridades migratorias mientras no exista una directriz clara.
Detención
En medio de esta incertidumbre, el presidente de la fundación reveló el caso de una hondureña beneficiaria del TPS que permanece detenida desde hace cuatro meses en un centro de detención en New Orleans.
Según indicó, la compatriota no ha recibido apoyo por parte del gobierno de Honduras, por lo que se ha visto obligada a recurrir a organizaciones comunitarias en busca de asistencia legal y humanitaria.
Flores aseguró que la fundación ya está trabajando activamente en su caso y que el reciente pronunciamiento judicial abre una esperanza para lograr su liberación.
“Ya tenemos su información completa y estamos pendientes de lo que pueda surgir en las próximas horas”, señaló.
Reiteró que la comunidad hondureña mantiene la esperanza de que el gobierno estadounidense acate la orden judicial y no recurra de inmediato a una apelación que podría complicar aún más la situación de miles de familias.
