Texas, Estados Unidos.- El migrante hondureño Enil Edil Mejía-Zúniga fue condenado a diez años de prisión y tres más de libertad vigilada por un tribunal de Texas (Estados Unidos) por pertenecer a una red transnacional de tráfico de personas que operó entre 2020 y 2023, informó este viernes la embajada del país norteamericano en Honduras.
El fiscal federal Justin R. Simmons le impuso además una multa de 4,500 dólares por su participación en el contrabando de miles de migrantes de más de once países hacia Estados Unidos con fines de lucro, señala un comunicado de la Embajada estadounidense.
“Sus acciones pusieron en riesgo nuestra seguridad nacional. Sin embargo, gracias a nuestros numerosos socios federales en la aplicación de la ley, Mejía-Zuniga ya no podrá enriquecerse a expensas de este país”, subrayó Simmons.
Mejía-Zuniga, alias "Chino", admitió que entre noviembre de 2020 y marzo de 2023 introdujo ilegalmente en EE UU a entre 2,500 y 3,000 migrantes procedentes de más de 11 países —entre ellos Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán y Colombia—, cobrando entre 6,500 y 12,000 dólares por cada persona.
Según la acusación, coordinaba desde San Antonio pagos a conductores, 'coyotes' armados y operadores de casas de seguridad, y colaboraba con un traficante paquistaní radicado en Brasil para trasladar grupos desde Suramérica hasta la frontera texana.
Mejía‑Zuniga, de 34 años, confesó además percibir 30,000 dólares por cada diez migrantes que conseguían cruzar el Río Grande, y otros 30,000 dólares adicionales si llegaban hasta San Antonio.
Uno de los testigos relató que llegó a pagar 20,000 dólares para ser trasladado junto a su hermano, primero a una casa de seguridad en Monterrey, luego a otra en Piedras Negras, y finalmente cruzó el Río Grande guiado por un coyote armado. Tras el cruce, la red los alojó en un hotel de San Antonio hasta completar el pago.
La red obtuvo "millones de dólares"
Por el mismo caso, las coacusadas Mónica Hernández‑Palma (33 años, México) y Allyson Elsires Álvarez‑Zúñiga (26 años, Honduras) se habían declarado culpables en abril de 2025 y agosto de 2023, respectivamente, y aguardan su sanción.
Otra implicada, Genyi Argueta Flores, de 32 años y de Comayagua, Honduras, recibió una pena de cinco años de prisión el pasado 12 de mayo, mientras que un último sospechoso permanece bajo custodia en México a la espera de extradición.
La investigación, conocida como Operación Marea Roja, fue conducida por HSI Del Río, el Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza (USBP), HSI Monterrey y otras unidades del Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa.
Entre las pruebas recabadas figuran declaraciones de migrantes, registros de transferencias electrónicas, libros de clientes, documentos de identificación y fotografías de miembros de la red portando armas.
“Mejía-Zuniga y sus cómplices obtuvieron millones de dólares a costa de miles de personas a quienes introdujeron de forma ilegal en Estados Unidos”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Aseguró que este caso representa "el epítome de las organizaciones criminales despiadadas y sofisticadas que explotan nuestras fronteras para obtener ganancias personales. La División Criminal no cesará en investigar estos casos hasta erradicar todas las organizaciones de tráfico de personas y enjuiciar a los criminales que las operan".
