Arizona, Estados Unidos.- Un grupo de asistencia legal en Arizona presentó una demanda para impedir que el Gobierno del presidente Donald Trump ejecute la deportación de una docena de niños hondureños, al advertir que existen planes “inminentes” para su expulsión.
El Proyecto Florence por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (FIRRP, por sus siglas en inglés) aseguró haber recibido información creíble de que la Administración republicana preparaba discretamente la salida de los menores bajo custodia gubernamental.
Por ello, decidió incluir a los niños hondureños en una demanda ya interpuesta para frenar la deportación de decenas de menores guatemaltecos.
Antecedentes
La semana pasada, la FIRRP obtuvo un bloqueo temporal de la deportación de niños guatemaltecos, luego de que se revelara que el Gobierno intentaba deportar a 76 de ellos durante el fin de semana del Día del Trabajo.
Los menores, que habían llegado solos a Estados Unidos y se encontraban en albergues o con familias de acogida, fueron protegidos por una orden judicial que les permitió permanecer en territorio estadounidense al menos por dos semanas.
En ese contexto, la demanda fue modificada para incluir a 12 menores hondureños y cuatro guatemaltecos adicionales, quienes permanecen bajo custodia en Arizona.
Algunos de ellos tienen padres o tutores legales que ya residen en Estados Unidos.
El recurso legal exige que se respete el derecho de los niños migrantes a solicitar asilo, a contar con representación legal y a permanecer en entornos seguros y adecuados mientras se resuelven sus casos.
FIRRP señaló que cualquier intento de deportación extrajudicial violaría directamente esas garantías.
De acuerdo con la ley estadounidense de 2008, los niños migrantes no acompañados tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración, salvo que provengan de Canadá o México.
Usualmente, tras su llegada, los menores son trasladados a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que administra una red de albergues antes de que sean entregados a familiares o patrocinadores.
El Departamento de Justicia, en documentos judiciales, defendió la facultad del Gobierno para regresar a menores a su país de origen siempre y cuando no enfrenten riesgos de trata de personas ni persecución, y que no tengan solicitudes de asilo en trámite.
Sin embargo, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Casa Blanca han emitido comentarios sobre la demanda que involucra a los niños hondureños.
Con la enmienda presentada, el caso judicial continuará bajo revisión en tribunales federales, mientras los menores esperan una resolución que defina si podrán permanecer en Estados Unidos o deberán regresar a Honduras.
