Tegucigalpa, Honduras.- La violencia en los centros educativos no solo está afectando a los alumnos, ya que los docentes también se han vuelto víctimas de este flagelo.
Un reciente estudio realizado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con apoyo de Save the Children y el Comité Nacional de Docentes, evidencia que tres de cada cuatro maestros en el país manifestaron alguna vez haber sufrido amenazas por parte de integrantes de estructuras criminales, estudiantes, familiares o parientes de los alumnos.
El “Estudio sobre el desplazamiento forzado de docentes e impacto de la violencia generalizada en centros educativos de Honduras” —realizado en 2024 mediante entrevistas a 3,449 docentes, entre directores, docentes en servicio, docentes multinivel (trabajan en diferentes jornadas, niveles y modalidades alternativas) y orientadores— indica que ese tipo de situaciones ha hecho que unos 307 profesores hayan tenido que huir de sus casas para salvar sus vidas, es decir, fueron obligados a desplazarse por la violencia.
Esa cantidad de profesores desplazados representa un preocupante 8% (equivalente a 307 profesores) que huyeron de sus casas para salvar sus vidas. Ese porcentaje refleja que los docentes experimentan un riesgo mayor que la población desplazada en general (2.7% de la población hondureña se desplazó internamente entre 2004 y 2018), apunta el informe. Entre los docentes que se desplazaron habían tres que eran de la diversidad sexual, 38 eran de grupos indígenas y afrohondureños,
Entre los docentes que se desplazaron habían tres que eran de la diversidad sexual, 38 eran de grupos indígenas y afro hondureños, y nueve con discapacidad.
Respecto a las edades, el 6% corresponde a jóvenes de 16 a 26 años, el 87% a adultos entre 30 y 56 años, y el 5% a adultos mayores de más de 60 años.
La principal causa de los desplazamientos es por la labor que realizan los educadores en las aulas de clases, indica el documento.
El estudio revela que los maestros, por su rol de liderazgo y visibilidad en la comunidad, se convierten en blanco de amenazas cuando protegen a estudiantes de vulneraciones de derechos, intentan alejarlos de estructuras criminales, denuncian casos de violencia sexual, trata o explotación infantil o exigen disciplina académica a alumnos vinculados con grupos delictivos.
También han sido amenazados al oponerse a actividades ilícitas dentro de los centros educativos, incluyendo el consumo y distribución de drogas.
Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), opinó que esa cantidad de profesores desplazados es de los últimos cinco años, sin embargo, a pesar que los casos se redujeron, el problema se mantiene.
"Muchas veces los profesores son amenazados por los hijos o parientes de quienes están en una estructura criminal, mara o pandilla, por que quizá el alumno reprueba o el maestro lo regaña", dijo el dirigente.
Hernández lamentó la situación que viven varios profesores en algunas zonas del país.
Recordó que hay docentes que no pueden huir y terminan perdiendo la vida, tal es el caso de José Esaú Lara, maestros del Instituto Amistad Internacional en Zacapa, Santa Bárbara.
En mayo de este año el docente fue atacado a disparos por individuos armados mientras llegaba al centro educativo en horas de la mañana, previo a iniciar su jornada laboral. Se conoció que el maestro recibía amenazas.
Otro caso ocurrió en 2017 en el Técnico Honduras en la capital, cuando el profesor Mario Alberto Morazán Ramírez, de 58 años, fue asesinado por realizar su labor como consejero educativo entre dos jóvenes estudiantes tras una pelea. Fue asesinado por los hermanos de una de las jóvenes.
Profesores en riesgo de desplazamiento
El estudios identificó que hay 1,472 educadores que están en riesgo de desplazamiento forzado; las zonas con mayor concentración de casos son Cortés Olancho Francisco Morazán, Atlántida y El Paraíso.
Aunque en el país existen leyes y desde la Secretaría de Educación se desarrollan estrategias para prevenir y responder a la violencia escolar, los docentes participantes en el estudio coinciden en que el problema radica en la falta de aplicación y la escasa investigación de los hechos, lo que termina obligándolos a abandonar sus hogares por cuenta propia.
El informe concluye que la violencia contra el magisterio no solo vulnera los derechos de los educadores, sino que compromete el acceso a la educación y la seguridad de las comunidades escolares en Honduras.
Recomienda diseñar un protocolo de protección a docentes desplazados y en riesgo de desplazamiento forzado debido a los riesgos asociados a su labor.
A la comisión de protección a personas desplazadas aconseja crear medidas de prevención de violencia y mitigación de riesgos en el marco de la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado.
Mientras que a la Secretaría de Seguridad insta a revisar las estrategias de seguridad que se implementan dentro o alrededor de los centros educativos, con el fin de asegurar que las acciones desarrolladas no generen acciones con daño que eleven los riesgo.
