Tegucigalpa, Honduras.– La organización Defensores de Honduras calificó como un hecho “sin precedentes” la visita del presidente Nasry Asfura a la residencia privada del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, realizada el sábado 7 de febrero, a pocos días de haber asumido el cargo.
Mediante un pronunciamiento dirigido a la comunidad nacional e internacional, el colectivo señaló que el encuentro representa un hito diplomático y un reconocimiento al peso estratégico que podría asumir la nueva administración hondureña en la agenda bilateral con Washington.
De acuerdo con el comunicado, Defensores de Honduras expresó su expectativa de que este acercamiento se traduzca en resultados concretos, especialmente en beneficio de la diáspora hondureña, en un contexto marcado por políticas migratorias severas.
Indicaron que temas como inversión, Estatus de Protección Temporal (TPS), seguridad, combate al narcotráfico, control de pandillas y desarrollo económico deben abordarse priorizando la dignidad de los hondureños.
En el mismo pronunciamiento, la organización lanzó un llamado al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusó de mantener una deuda pendiente con el país por hechos ocurridos durante la administración anterior. Entre las denuncias planteadas figuran presuntos atentados contra la democracia, corrupción en el manejo de fondos públicos, sabotaje administrativo en el traspaso de poder y el uso de grupos irregulares para generar zozobra social.
Asimismo, Defensores de Honduras consideró impostergable la aplicación de un juicio político contra responsables de lo que calificaron como desaciertos con apariencia de legalidad y prácticas de justicia selectiva en los poderes del Estado y el Ministerio Público.
Finalmente, exhortaron a los partidos políticos representados en el Congreso Nacional a legislar en función de la rendición de cuentas, asegurando que el juicio político debe entenderse como un mecanismo de justicia y no de venganza, con el objetivo de castigar el pasado y evitar que se repitan prácticas que, según señalaron, dañaron la institucionalidad del país.
