Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), acusado por fraude y lavado de activos en Honduras, se presentó a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia para comparecer en su audiencia de declaración de imputado, sosteniendo que el proceso judicial forma parte de una "persecución política".
Ante medios de comunicación, Hernández declaró que "hoy es un día en el que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política (...) vengo a enfrentar otra persecución política aquí".
Por otra parte, dijo que el 9 de diciembre de 2025 se comunicó con su abogado para que este solicitara la suspensión de la orden de captura que pesaba en su contra, alegando que al resto de acusados les permitieron presentarse voluntariamente.
Además, expresó que se encuentra en estado de "indefensión" debido a que solicitaron una reposición, pero este recurso no ha sido resuelto.
Igualmente, cuestionó que su audiencia haya sido programada para este lunes, y que en el transcurso del fin de semana el juez natural que conocía la causa se declarara "incompetente", pasando el expediente a un juez ordinario.
Por otro lado, respondió a sus críticos -refiriéndose principalmente a simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre)-, cuestionándolos por no haberse pronunciado cuando exfuncionarios fueron beneficiados con una amnistía política mediante el decreto 4-2022 aprobado en el gobierno de Xiomara Castro.
Hernández retornó a Honduras el pasado 26 de julio, casi medio año después de que recibiera un indulto por parte del presidente estadounidense de Donald Trump. Con este indulto recobró su libertad tras haber sido encontrado culpable y sentenciado a 45 años de cárcel en 2024 por delitos vinculados al narcotráfico.
Ahora es acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) por su presunto involucramiento en el desvío de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013, investigación conocida como "Caso Pandora II".
De acuerdo a las investigaciones, al menos 62 millones de lempiras habrían sido destinados a financiar la campaña de Hernández, quien aspiraba a su primer mandato presidencial en 2013.
Estos 62 millones habrían sido captados por medio de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios.
