Tegucigalpa, Honduras.- El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) informó este viernes de que alrededor de 35 defensores de la tierra murieron de manera violenta entre 2022 y lo que va de 2025.
En un comunicado, el Conadeh señaló que la labor que desempeñan en Honduras los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, es de “alto riesgo”, por lo que exhortó a las autoridades del país centroamericano a “garantizar ese ejercicio y adoptar medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal”.
El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Conadeh, Frank Cruz, condenó hoy el hecho violento en el que perdieron la vida, entre el miércoles y jueves, el ambientalista Juan Silva y su hijo Juan Antonio, en el centro del país, y le expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas, que fueron descuartizadas.
Agregó que es “preocupante y alarmante la saña con que fueron asesinados los miembros de la familia Silva” y le recomendó a las autoridades “realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva, para que ese crimen no se sume a la larga lista de casos impunes en el país”.
Según Cruz, “en los últimos años la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares”.
La mayoría de muertes (el 79 %) de defensores entre 2022 y 2025 se registraron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, en el Caribe y norte del país.
El organismo defensor del pueblo registró entre 2022 y 2024 al menos 89 quejas de violaciones al derecho a un ambiente sano, identificando que, en su mayoría, son derivadas por conflictos socioambientales por la superposición de los intereses de las empresas o de los terceros contra los derechos de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Entre estos sectores vulnerables, según el Conadeh, figuran las comunidades afrohondureñas, campesinos y defensores de derechos humanos, que cuentan con recursos naturales y bienes comunes en sus territorios.
“Honduras sigue siendo un país de alto riesgo para los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los territorios como de los bienes comunes”, expresó Cruz.
El Conadeh señaló además que de alrededor de una veintena de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado de Honduras, desde 1989, tres de ellas están relacionadas con el asesinato de ambientalistas.
El primer caso fue el de Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995 en Tela, Atlántida.
El segundo, fue el de Carlos Escaleras, un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón.
El tercero es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, asesinado el 18 de mayo de 1998.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, oeste. Cáceres se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país porque afectaría a comunidades indígenas.
