Honduras

Tribunal condena a diez años de prisión a abogado de 'Los Cachiros”

La condena de diez años de prisión se extiende a su esposa, Waldina Lizeth Salgado Pérez. Además su hijo Roberto Mejía Salgado fue condenado a ocho años de cárcel

28.09.2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El abogado del cartel de “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía, fue condenado a diez años de prisión tras declararse culpable del delito de lavado de activos.

La condena contra Mejía fue dictada en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional por unanimidad de votos mediante un acuerdo de estricta conformidad entre las partes procesales.

La condena de diez años de prisión se extiende a su esposa, Waldina Lizeth Salgado Pérez. A ellos se les impuso una millonaria multa de 249.5 millones de lempiras, equivalente al 150 por ciento del valor lavado.

En este proceso fue condenado a ocho años de reclusión el hijo de ambos, Roberto Mejía Salgado. A él se le impuso una multa de 4.5 millones de lempiras equivalentes al cien por ciento del valor lavado.

La justicia hondureña concluyó que estos personajes fueron contadores importantes del cartel de Los Cachiros.

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Foto: El Heraldo

Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizeth Salgado Pérez y Roberto Mejía Salgado.
Los condenados también habían sido acusados por el delito de asociación ilícita para lavar activos pero en virtud que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para emitir una condena, por lo que fueron absueltos.

El abogado Francisco Arturo Mejía creó la escritura de constitución de la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), fundada por el cabecilla del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga en 2009.

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Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar Inrimar y otras empresas ligadas al cartel de Los Cachiros.

Durante el gobierno de Porfirio Lobo, la empresa Inrimar obtuvo jugosos contratos con el Estado para la construcción de carreteras.

Inrimar fue asegurada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio el 17 de septiembre de 2013 por suponerle un bien adquirido con fondos procedentes del narcotráfico.