El incremento de las unidades de taxis en la ciudad de Choluteca mantiene molestos a los empresarios del rubro de transporte. Y es que, según lo denunciado por la dirigencia, el reciente otorgamiento de números de taxis se ha realizado de manera ilegal, hecho que catalogan esto como un acto de corrupción.
En la ciudad de Choluteca, según los transportistas, transitan legalmente un total de 615 taxis, sin embargo, por la ciudad circulan 704 unidades.
El incremento en los números de taxis asciende a un 87 por ciento del total de vehículos que legalmente cumplen con los requisitos.
“El presidente Juan Orlando Hernández decidió intervenir Insep (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos) por todos los actos irregulares que se han presentado en esa entidad, pero hasta el momento las personas que nombró no han dado los resultados”, declaró Belinda Pavón, presidenta de los transportistas en Choluteca.
La dirigente del transporte también denunció que las unidades que trabajan al margen de la ley están en mal estado y representan una amenaza para la seguridad de los usuarios.
“Han ingresado vehículos chatarra para ponerlos como taxis, la señalización de los mismos no es la adecuada, además funcionan al margen de la ley, ya que no portan documentos”, reclamó Pavón.
Demandas
Los múltiples actos irregulares que la dirigencia de transporte en la región sur ha identificado fueron puestos a la luz y entregados a las autoridades del Ministerio Público (MP) hace dos semanas sin que hasta la fecha se tengan resultados.
La supuesta apatía del MP fue el motor de una paralización pacífica, en la cual participaron más de 100 unidades de taxis y unos 30 autobuses.
Pavón explicó que apenas el 40 por ciento de las unidades que funcionan en la zona se sumaron a la paralización para no afectar al usuario.
La suspensión del servicio se prolongó por al menos dos horas, tiempo en el cual los ruleteros visitaron las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con las autoridades de la institución y exigir mayor agilidad en los procesos de investigación.
“Estamos dando un plazo de 72 horas a la Fiscalía para que nos brinde una respuesta sobre las denuncias presentadas y que se proceda a realizar alguna acción, ya que como rubro no permitiremos que los actos de corrupción de algunas autoridades nos sigan afectando porque de lo contrario tendremos que seguir empleando medidas de presión que iremos desarrollando progresivamente”, dijo Pavón.
Los problemas que agobian a los taxistas no son exclusivos, ya que los dueños de buses también están librando una batalla con la creación de nuevas rutas, afirmaron los dirigentes
