En primer debate fue aprobado anoche por el Congreso Nacional un decreto de interpretación del artículo 274 constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen labores policiales.
La propuesta del presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, es que el Ejército ejerza facultades de la Policía por un período hasta de 18 meses, mientras se efectúa la depuración de la Policía Nacional. No obstante, los liberales consideran que el término debe ser de seis meses.
Sigue la discusión
La discusión de este tema continuará en las sesiones de este martes y miércoles para dar lugar y tomar en consideración otras opiniones respecto a la doctrina que manejan algunos sectores, en el sentido de que el Ejército no puede ejercer el rol policial. Para que la interpretación sea aplicada, el Ejecutivo deberá declarar un estado de emergencia por la inseguridad, se dijo.
Estas labores durarán el tiempo que tome la depuración de la policía, asumiendo funciones de arrestos, allanamientos y ejecución de órdenes judiciales, siempre y cuando estén acompañados por un juez o un fiscal.
'En el Congreso Nacional hay una decisión casi unánime para que las Fuerzas Armadas, de manera temporal, sustituyan a la Policía Nacional en labores de prevención de la delincuencia', reveló Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, al dar inicio a la discusión.
'No podemos tener a unas Fuerzas Armadas solo para repeler amenazas extranjeras cuando hay tantos muertos en el país a causa de la violencia. Estamos tomando esta decisión para apoyar al pueblo hondureño', afirmó. Hernández informó que ya está listo el decreto que crea la oficina que supervisará a los miembros de la Policía.
Polémica
Cabe señalar que este tema, además de ser polémico por el hecho de darle facultades policiales a las Fuerzas Armadas, también se vuelve polémico porque para aprobar este decreto el Poder Legislativo tendría que interpretar la Constitución de la República, hecho que según algunos sectores no está entre las facultades del Congreso Nacional.
Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia emitió años atrás un fallo en el que deja sentado que no es facultad del Poder Legislativo interpretar la Carta Magna, sin embargo, ese fallo nunca fue publicado en el diario oficial La Gaceta, hecho que es rebatido por el Poder Judicial al asegurar que su vigencia era de aplicación inmediata.