TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que responsabilizó a Honduras por ilegal destitución de magistrados el 2012, algunos congresistas que gestaron este acto ya se pusieron a disposición de la justicia y otros aclararon haber votado en contra.
La madrugada del miércoles 12 de diciembre de 2012, 97 diputados del Congreso Nacional de Honduras fueron los que votaron a favor de la destitución de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que integraban la Sala Constitucional.
Sociedad civil ha pedido que estas personas se les deduzcan responsabilidades por el ilegal acto y porque ahora el Estado debe asumir un pago de al menos 54 millones de lempiras por indemnización a los magistrados.
Ante esto, muchos congresistas se han llamado al silencio y solo dos han alzado la voz.
El actual diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, aceptó que él fue parte de los que votó a favor, pero culpó que cayó en la trampa del presidente del CN de ese entonces, Juan Orlando Hernández.
“Yo me pongo a las órdenes de la justicia de este país, del Ministerio Público, para que nos deduzcan responsabilidades porque tampoco el país puede pagar por actos cometidos”, dispuso Castellanos.
Pero alegó que “recordemos que los magistrados que fueron destituidos en aquel momento habían sido parte activa en el golpe de Estado, ellos lo avalaron. En ese momento nosotros caímos en el juego. No entendimos que Juan Orlando Hernández estaba quitando a cuatro malos magistrados de la Corte Suprema por cuatro malos magistrados que respondían a sus intereses y eran incondicionales”.
Otro congresista que salió al paso fue Antonio “Toño” Rivera, parte del oficialismo en aquel entonces, pero en un video publicado por él mismo reconoció votar en contra.
Hasta ahora las autoridades solo han confirmado que pagarán al menos 54 millones de lempiras en indemnización a los magistrados destituidos.
Sin embargo, se desconoce si van a deducir responsabilidad a los 97 diputados que en el 2012 votaron a favor.
José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma son los magistrados destituidos el 2012.
