TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en relación con la elección y acciones de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), fueron respaldadas por diversos sectores.
Abogados constitucionalistas y activistas de la sociedad civil le dieron la razón a la diplomática, que cuestionó la forma en que nueve diputados de Libertad y Refundación (Libre) eligieron a los fiscales interinos Johel Zelaya y Mario Morazán.
Los consultados recordaron al Congreso Nacional que el proceso seguido por la Comisión Permanente tiene vicios de nulidad, por tal razón se han interpuesto diversos recursos ante la Sala Constitucional.
“Fueron electos no siguiendo el proceso constitucional y todo lo que de ahí emane es nulo e implica responsabilidad civil, administrativa y penal. Ellos lo saben muy bien como abogados”, indicó el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
El martes Dogu dijo que “un grupo muy pequeño en el Congreso ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina”.
Erazo aplaudió las declaraciones de Dogu y puntualizó que “si pretenden actuar con autarquía, es decir, como un Estado que se abastece con sus propios recursos, deben respetar los parámetros legales y constitucionales”.
Jorge González, uno de los abogados que recurrió a la Sala Constitucional, recordó que “el recurso es en contra de la resolución que le da vida al nombramiento del fiscal general y adjunto y que se publicó en La Gaceta, hay un atropello al 208 numeral 11 donde se dice que el Ministerio Público estaba acéfalo y no es así porque había un fiscal pro tempore hasta que se eligiera a las autoridades.
Misma postura tuvo el asesor legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, quien avaló lo expresado por Laura Dogu.
“Lo sucedido procedía en caso de una ausencia absoluta de autoridades en una institución, no es el caso de lo que sucedió en el Ministerio Público donde había una autoridad que era el fiscal general adjunto”, acotó.
En tanto Lester Ramírez, director de gobernanza y transparencia de la ASJ, fue del criterio que la comunidad internacional tiene el derecho de opinar.
“Será siempre importante la opinión de la comunidad internacional, en ese sentido la comunidad internacional tiene un rol importante y esperaría que otras agencias también se pronuncien porque vemos que solo lo ha hecho la Embajada y por eso se les tilda de injerencistas”, expresó.
Rechazo
Tras lo manifestado por la embajada Dogu, el canciller Eduardo Enrique Reina dijo que sostendrá una nueva reunión con la diplomática para expresar su rechazo.
“Rechazamos su visión carente de todo fundamento legal y lógico de que los fiscales interinos tengan funciones diferentes a los que pudieran estar en propiedad... ¿Están contra el combate a la corrupción? No es lo que hemos conversado con otros funcionarios de su administración”, apuntó Reina.
