Diferentes organizaciones empresariales y de comunicación condenaron la violación “arbitraria e inconstitucional” que el gobierno pretende aplicar con reformas legales para imponer abusivos controles a la prensa.
Mediante un comunicado público, 11 entidades expusieron sus argumentos del porqué consideran que las modificaciones jurídicas que impulsa el Ejecutivo atentan contra la libertad de prensa y por ello exhortaron al Congreso Nacional a no aprobarlas.
“Nos oponemos firmemente a cualquier medida que restrinja o atente contra estos derechos que sustentan la democracia, que por años han garantizado a la sociedad el ejercicios de sus libertades y derechos sin restricciones”, dice la misiva.
El Colegio de Periodistas de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras y la Asociación Nacional de Radios de Honduras, la Cámara de Comercio, Agencias Publicitarias Hondureñas Asociadas y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), entre otras, son parte de los entidades que firmaron el comunicado.
Golpe a la libertad de prensa
Bajo la coordinación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno discute un anteproyecto para reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por medio del cual se busca “democratizar las frecuencias” de radio y televisión mediante la suspensión de concesiones y confiscación de equipos.
Según la iniciativa, se piensa hacer una redistribución de las frecuencias de la siguiente forma: 33 por ciento para servicios comerciales (privados), 34 por ciento para medios comunitarios y 34 por ciento para el Estado.
Las frecuencias que no estén en funcionamiento al momento de entrar en vigencia esta reforma serán suspendidas y pasarán al poder del Estado.
Esta iniciativa plantea que el medio de comunicación que promueva la apología al odio nacional, al odio racial, a la preferencia sexual o que constituyan incitaciones a la violencia incurrirá en una falta grave y si comete una nueva falta se le podrá suspender la concesión, de acuerdo con el proyecto de ley de Honduras.
Para juzgar este tipo de faltas se propone la creación de una Comisión Reguladora.
También se impone cobros de impuestos adicionales para las empresas audiovisuales y multas onerosas que afectarían el funcionamiento de estas compañías mediáticas.
Censura
En el comunicado se señala que las pretendidas reformas “impondrán la censura a la información, transmitida al público por los medios de comunicación y limitarán las opiniones y los criterios a los intereses coyunturales del momento”.
El gobierno busca, dice el texto, controlar “de acuerdo a su capricho” el pensamiento de la sociedad para limitar la crítica constructiva.
Igualmente lesionan gravemente los principios y postulados de la libre empresa y de la propiedad privada, garantizados también por la Constitución de la República, se acusa.
“Por tal razón, nos oponemos firmemente a cualquier medida que restrinja o atente contra estos derechos que sustentan la democracia, que por años han garantizado a la sociedad el ejercicio de sus libertades y derechos sin restricciones”, remarca la carta pública.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que “desconozcan el proyecto” y que “defiendan la libertad de pensamiento, la Libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos de todos los hondureños”.
“Consideramos que todos debemos defender nuestro derecho a pensar, opinar y expresarnos libremente, sin censura y sin amenazas”.
En la nota se alerta a los organismo nacionales e internacionales para que, en apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pronuncien “ante estas pretensiones de restringirles a sus ciudadanos su pleno derecho a pensar, opinar y expresarse libremente”.
“Reformar leyes para violar libertades y derechos inalienables es grave para nuestro estado de derecho y la paz social que tanto nos ha costado construir. La libertad de pensamiento es un logro del pueblo hondureño y debe mantenerse íntegra, para bien de la democracia y de los intereses nacionales”.
Las reformas que se plantean a la Ley de Conatel contienen elementos similares a la iniciativa de la Ley de Comunicación, tanto en distribución de frecuencias como en mecanismo coercitivos.
