Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el nuevo plan en materia de seguridad pública será diseñado conforme a la realidad hondureña y no como una réplica de estrategias aplicadas en otros países de la región.
Al tiempo, expertos demandan que la ruta esté acompañada de reformas estructurales, respeto a los derechos humanos y resultados sostenibles.
“Nosotros estamos concentrados en crear un mecanismo que realmente pueda desarrollar un modelo de servicio propio y ajustado a nuestras realidades”, afirmó Velásquez .
El funcionario explicó que, si bien se reconocen experiencias exitosas en otros contextos latinoamericanos, Honduras enfrenta dinámicas criminales particulares que obligan a una respuesta diferenciada.
“Si bien es cierto hemos visto la efectividad que han tenido en otros contextos, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio modelo. Honduras tiene problemas diferentes; vivimos en una región que tiene afectaciones similares, pero el abordaje tiene que ser diferenciado”, sostuvo Velásquez .
Entre los factores que marcan esa diferencia está la extensión territorial y la configuración geográfica del país porque que Honduras posee más de 850 kilómetros de costa en el Atlántico e históricamente utilizada como zona de arribo de estructuras vinculadas al narcotráfico, lo que ha derivado en la consolidación de redes criminales en el litoral.
“Ese tipo de condiciones históricamente han sido utilizadas como zona de arribamiento de narcolanchas. Ahí se han creado estructuras criminales que las reciben y obviamente el tratamiento de esas zonas tiene que ser diferenciado”, explicó Velásquez .
A ello se suman las recientes incautaciones de plantaciones de coca en territorio nacional, un fenómeno que no se registraba con esa frecuencia en el pasado y que obliga a replantear las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico.
También se mencionaron los problemas sociales y ambientales que inciden en los niveles de violencia.
En ese contexto, detalló que la estrategia estará focalizada en el control territorial de los municipios con mayores indicadores de criminalidad, tomando como referencia la tasa de homicidios, las muertes violentas de mujeres, los fallecimientos por accidentes de tránsito y el impacto de la extorsión en los hogares.
“No podemos hacer intervenciones generales porque no obtendríamos los resultados. La tasa de homicidios nacional es de más o menos 23.6 muertos por cada 100 mil habitantes y la tasa latinoamericana es de 20. Nuestro objetivo es que Honduras esté por debajo de esa tasa regional”, subrayó Velásquez.
El combate a la extorsión ocupa un lugar central en el nuevo plan. El funcionario reconoció que muchas víctimas desisten de continuar los procesos judiciales por temor a represalias, lo que termina debilitando los casos en los tribunales.
“Tenemos que cambiar eso para que el testimonio que se dé en sede administrativa o en la audiencia inicial sea considerado como prueba anticipada, para no exponer nuevamente a la víctima. Porque al final, si no declara, los imputados salen libres”, advirtió Velásquez.
Asimismo, cuestionó el uso recurrente de procedimientos abreviados que reducen las penas y permiten que condenados recuperen su libertad en pocos meses, y planteó la necesidad de reformas legales que fortalezcan la persecución penal.
Sobre la depuración policial, indicó que no se repetirán procesos masivos, sino que se apostará por el fortalecimiento de los mecanismos internos de control.
Mecanismos
Desde la sociedad civil, el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, coincidió en que el país requiere estrategias propias, pero cuestionó la falta de ejecución en gobiernos anteriores.
“Aquí ya tenemos suficiente evidencia de lo que se debe hacer. Lo que pasa es que no ha habido voluntad en querer ejecutar. Se ha apostado más por la improvisación que por ejecutar planes estratégicos”, manifestó Castañeda.
El representante de ASJ enumeró como prioridades la extorsión, los femicidios, las masacres, el narcomenudeo, la trata de personas y la falta de investigación en lavado de activos, fenómenos que afectan a más de 300 mil hogares víctimas de extorsión.
“La gente no mide por números, la gente mide por resultados y cómo se siente. Lo que la población quiere no es solo que contabilicen operativos y detenciones; quiere sentirse segura en su barrio, en su colonia y en los espacios públicos”, enfatizó Castañeda.
También instó a un Congreso Nacional más eficiente que impulse reformas necesarias para combatir la impunidad y pidió que las nuevas autoridades abran espacios de diálogo con la sociedad civil, a fin de evitar que las recomendaciones técnicas sean interpretadas como confrontación.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez subrayó que cualquier política de seguridad debe estar enmarcada en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
“La seguridad ciudadana es un asunto de derechos humanos. No es cierto que los derechos humanos protejan a delincuentes; el Estado es responsable de garantizar la seguridad y quien comete un delito debe pagar las consecuencias”, expresó Méndez.
El activista insistió en que la clave está en fortalecer la Policía Nacional, mejorar la coordinación con el Ministerio Público y garantizar que las sentencias judiciales sean firmes y proporcionales a la gravedad de los delitos.
“Debemos de mandarle un mensaje claro a la ciudadanía de que se va a combatir la corrupción. Si seguimos con una policía infiltrada por el crimen y no nos ponemos de acuerdo ahora, nos morimos todos”, concluyó Méndez.
Las posturas coinciden en que Honduras enfrenta un desafío estructural que no admite improvisaciones.
Mientras el Ejecutivo apuesta por un modelo propio con metas claras de reducción de homicidios y control territorial, la sociedad civil y defensores de derechos humanos advierten que el éxito dependerá de reformas profundas, coordinación interinstitucional y una política sostenida que trascienda los cambios de gobierno.
