Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras amplió la medida del estado de excepción por 45 días más, convirtiéndose en la vigésimo tercera ocasión desde que se decretó en diciembre de 2022.
Mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2025, la administración de Xiomara Castro determinó extender el estado de excepción, el cual ha estado vigente por 984 días desde el 6 de diciembre de 2022.
El estado de excepción aplica en 226 municipios con el fin de combatir los altos índice de inseguridad y criminal, principalmente por los grupos de crimen organizado.
Sin embargo, la efectividad de esta determinación ha sido cuestionada, ya que los homicidios y la extorsión, conocida infamemente como "impuesto de guerra", sigue afectando a miles de hondureños.
De acuerdo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el flagelo de la extorsión aumentó en un 11.6% en 2024, afectando a 304,388 hogares.
Según Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, los grupos criminales llegan a lucrarse con hasta 20 millones de lempiras al año, cobrando el "impuesto de guerra".
No solamente los resultados del estado de excepción han sido criticados, sino también la legalidad con la que este entró en vigor.
Las extensiones del estado de excepción se dieron sin el procedimiento legal al no ratificadas, aprobadas o improbadas por el Congreso Nacional, esto de acuerdo a lo establecido por inciso 4 del artículo 187 de la Constitución de la República.
Ante ello, la ASJ interpuso el pasado 6 de febrero un recurso de inconstitucionalidad, pero a seis meses el Poder Judicial no ha resuelto este recurso legal.
Además, ha habido denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por los entes de seguridad pública. Desde diciembre de 2022 hasta mayo de este año, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ha recibido más de 800 denuncias.
