Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) rechazó en 2024 una oferta de L7.2 millones presentada por Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA) para alquilar ocho vehículos blindados, argumentando que el valor superaba el presupuesto disponible.
Sin embargo, a inicios 2025, la misma empresa fue contratada por L19,322,968, mediante un proceso de contratación directa, sin licitación pública. El nuevo contrato representó casi el triple del valor inicialmente descartado.
El aumento, superior a L12 millones, se concretó en menos de cuatro meses y fue documentado en el expediente CD-SEDH-01-2025, correspondiente al proceso autorizado este trimestre.
La Sedh justificó el arrendamiento con base en la necesidad de continuar con el servicio de seguridad para ciertas personas vulneradas, según consta en documentos oficiales.
El proceso contrasta con el concurso público LPN-SEDH-01-2024-SAV, realizado en noviembre de 2024 y declarado fracasado por la ministra Angélica Litzeth Álvarez Morales, debido a la falta de fondos.
De acuerdo con el informe técnico SEDH-SG-008-2025, la comisión evaluadora determinó que, si bien la única oferta cumplía con los requisitos legales, superaba el presupuesto disponible, motivo por el cual fue desestimada.
La resolución quedó oficializada mediante el acuerdo administrativo número 003-2024, emitido el 10 de septiembre de 2024, que indica: “Se declara fracasado el proceso de licitación pública nacional LPN-SEDH-01-2024-SAV por no contar con el presupuesto suficiente para su ejecución”.
En esa fecha, la Sedh había asignado L7 millones exactos, una cantidad inferior a la oferta inicial de L7,287,183.96 presentada por LAARSA.
Pese a ese rechazo, meses después se adjudicó a la misma empresa un contrato por un monto casi tres veces mayor, sin competencia ni licitación pública.
Contrato sin formalización
Además del incremento en los costos, el expediente administrativo reconoce que los servicios fueron adjudicados sin la existencia de un contrato formal firmado entre la Sedh y la empresa.
El inciso 21 del documento expresa: “Dichos servicios no cuentan con un sustento documental en el que se hayan convenido derechos y obligaciones para ambas partes, más que los informes técnicos, jurídicos y económicos que obran en el presente expediente”.
En resumen, el servicio se mantuvo sin un marco legal contractual que estableciera responsabilidades para la empresa o el Estado. La única justificación reiterada en los informes fue la frase: “la imperiosa necesidad de continuar con el servicio y la nefasta consecuencia de suspender el mismo”.
Tras el rechazo en 2024, LAARSA presentó un reclamo administrativo por L509,807.50, alegando perjuicios por la cancelación del proceso. A pesar de ello, fue posteriormente beneficiada con un contrato de mayor valor y sin proceso competitivo, lo cual podría contradecir la Ley de Contratación del Estado.
La justificación oficial se basó en la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que tiene como fin salvaguardar la vida de quienes enfrentan amenazas por su labor.
No obstante, según fuentes consultadas por EL HERALDO, ninguno de los actuales beneficiarios ejerce esas profesiones.
Entre los nombres mencionados se encuentran: Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad; Berta y Olivia Cáceres, hijas de la ambientalista Bertha Cáceres; Gustavo Cáceres y Austra Bertha López, hermano y madre de la activista.
También figuran Ligia Ramos, diputada independiente, y Pedro Joaquín Amador, asistente presidencial en atención a presos políticos y jugador del club de fútbol Meluca Campamento.
Ministra rechaza publicación
Tras la publicación de la investigación, donde se evidenció que en menos de un año la Sedh pasó de rechazar una oferta de L7.2 millones a adjudicar un contrato por L19.3 millones a la misma empresa, la ministra Angélica Litzeth Álvarez Morales reaccionó en redes sociales.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Es falso e irresponsable. Esto no es libertad de libre expresión, es la promoción de la desinformación y la mentira”.
Añadió: “Este gastado y desacreditado diario insiste en la infamia como noticia, además de la injusta exposición de ciudadanos que no son beneficiarios del sistema nacional de protección, poniéndolos en situación de vulnerabilidad y riesgo”.
No obstante, los documentos revisados por este medio contradicen sus declaraciones.
Posteriormente, la ministra emitió un comunicado de seis puntos, en el que defendió la legalidad del contrato y afirmó que los vehículos blindados fueron entregados a personas en riesgo incluidas en el Mecanismo de Protección.
“Esta Secretaría de Estado confirma que ha contratado, conforme a la ley, servicios de arrendamiento de vehículos blindados con el objetivo de garantizar la integridad física y la vida de las personas beneficiarias del Mecanismo de Protección”, detalla el comunicado.
Asimismo, advirtió que “la divulgación no autorizada de información sensible o reservada pone en riesgo la vida, integridad y dignidad de las personas protegidas, y contraviene normas nacionales e internacionales”.
El documento no ofrece explicación sobre el motivo por el cual se adjudicó un contrato de L19.3 millones ni menciona las ofertas previas rechazadas.
Briceño niega uso de blindado estatal
El comisionado presidencial de Reforestación y Cambio Climático, Miguel Briceño, negó haber sido beneficiario del contrato. Su nombre figuró en una lista de presuntos usuarios de los vehículos blindados, pero desmintió cualquier vínculo.
“No tengo vehículo del Estado, no tengo escoltas. El carro que conduzco está financiado por mi esposa. Es una CR-V 2010, valorada en L240,000, y aún se paga con un préstamo”, indicó.
Briceño afirmó que ya no forma parte del Mecanismo de Protección desde hace más de dos años y medio, pese a haber estado inscrito por amenazas sufridas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Es falso. Estuve acogido por mi situación de riesgo, pero no pertenezco al sistema desde hace más de dos años. No uso vehículo del Estado ni recibí ningún blindado. Eso afecta mi nombre y mi integridad. Quien lo dijo, mintió”, concluyó.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo ha sido corregido y editado con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, bajo la supervisión y aprobación de un editor.
