El Directorio del Registro Nacional de las Personas
(RNP) compareció ayer al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a explicar los alcances de un proyecto de venta al sector bancario privado de servicios de consulta a la base de datos.
Este proyecto, que fue revelado en exclusiva por EL HERALDO,
ha creado controversia porque algunos sectores consideran que no es posible que se comercialice información que se supone es de seguridad nacional, pero que el RNP
alega está basado en ley.
Comparecieron al IAIP
el director del RNP,
Jorge
Reina García; el subdirector técnico, Gerardo Martínez y técnicos de la institución. La de ayer fue la primera audiencia que tiene este año el IAIP.
Si se vende el servicio, el RNP
se agenciaría por lo menos un 50 por ciento de los ingresos que recibe anualmente como presupuesto del Estado, pero se trata de un proyecto que es parte del plan de reingeniería de la institución que aún no comienza. Por ahora, el RNP
ya le vende servicios a las firmas de telefonía móvil.
Tras casi dos horas de explicación a los funcionarios del IAIP, encabezados por la comisionada Doris Imelda Madrid,
el director del RNP dijo que fueron despejadas todas las dudas que se habían generado.
“La reunión ha sido muy útil para trasladar algunos conceptos en alguna medida de carácter técnico”, dijo Reina García.
Los funcionarios del IAIP,
según el entrevistado, quedaron claros que “una cosa es consulta a la base de datos y otra venta de la base de datos”.
En ese sentido, “quedó aclarado que el Registro no ha pensado vender la base de datos a nadie, no ha pensado en el futuro hacerlo y tampoco lo ha hecho”.
Con el sistema bancario privado se pretende hacer lo mismo que ya funciona con las compañías de telefonía móvil.
Se trata de “servicios de consulta en el sentido de que alguien le pregunta: ¿esta persona existe en la base de datos? y nosotros le respondemos sí o no”, expuso Reina García..
El RNP
promueve un plan de reingeniería que busca transformar la institución y que incluye, entre otras acciones, sustituir la actual tarjeta de identidad por una moderna, invulnerable a la falsificación. Este proyecto, que será una decisión del Congreso Nacional, le cuesta al Estado entre 500 y 700 millones de lempiras.
El subdirector técnico, Gerardo Martínez, dijo que -por ahora- el proyecto con el sistema financiero se mantiene, solo que no está ni negociado.
“En ningún momento hemos vendido la base de datos, pero sí tenemos un proyecto de darle a la banca un acceso por medio de la huella dactilar para verificar si la persona que está haciendo una transacción bancaria es quien dice ser”, afirmó.
El proyecto “así como se puede dar este año no se puede dar o se puede dar en cinco años. Pero es un proyecto que al país le va a servir mucho”, argumentó. “Nosotros estamos tranquilos, no hemos cometido ningún delito”, añadió.
Por su parte, la representante del
IAIP, Doris Imelda Madrid, dijo que la citatoria a los funcionarios del RNP está basada en el Reglamento de la Ley Orgánica.
Dijo que el RNP no puede vender la fotografía de una persona que aparece en la tarjeta de identidad porque eso es parte de la imagen incluida en las prohibiciones de la ley del RNP.
“La sociedad debe conocer qué pasa con su información, los datos personales son propiedad de los seres humanos, no de los servidores públicos”, añadió.
“La ley nos manda a nosotros a proteger los datos confidenciales de las personas”, añadió la comisionada del IAIP.
