Tegucigalpa, Honduras.- Durante la audiencia "la democracia en peligro: La lucha por elecciones libres en Honduras”, celebrada este jueves en Washington, tres figuras con amplia experiencia en diplomacia, defensa de derechos humanos y observación electoral, comparecieron como testigos ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos.
En la sesión, los testigos presentaron denuncias sobre presiones a autoridades electorales, debilitamiento institucional y riesgos que, según afirmaron, amenazan la integridad de los comicios del 30 de noviembre en Honduras.
En su intervención, Carlos Trujillo, exrepresentante permanente de Estados Unidos ante la OEA; Deborah Ullmer, directora regional del National Democratic Institute (NDI); y Enrique Roig, vicepresidente de Asuntos Externos de Human Rights First, detallaron al Congreso sus preocupaciones sobre interferencia política, presiones judiciales, fallas administrativas y la disminución de apoyo internacional para fortalecer la vigilancia electoral.
Pero, ¿cuál es su trayectoria y que dijeron en la audiencia?
Carlos Trujillo: exrepresentante de EE UU ante la OEA y exlegislador estatal
Carlos Trujillo cuenta con amplia experiencia en política exterior, relaciones internacionales y asuntos públicos en Estados Unidos.
Su trayectoria incluye asesoría a compañías Fortune 500 y análisis de política interna y externa para medios nacionales.
En 2017 fue designado por el presidente Donald J. Trump como representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo para el que fue confirmado por unanimidad por el Senado.
En la OEA presidió el Consejo Permanente, el Comité de Presupuesto y el Comité de Desarrollo Económico.
Antes, representó a Estados Unidos en la 72ª Asamblea General de la ONU y en 2020 fue nominado para desempeñarse como subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Previo a su labor en Washington, fue representante estatal por el Distrito 105 en la Cámara de Representantes de Florida, donde encabezó comités clave como Apropiaciones -con responsabilidad sobre un presupuesto de 83,5 mil millones de dólares-, Desarrollo Económico y Justicia Penal.
También ha integrado juntas directivas en Florida International University, el Public Health Trust de Jackson Memorial Hospital y Victims of Communism.
Es abogado, graduado de Florida State University College of Law, y posee un título en Administración de Empresas de Spring Hill College.
Lo que dijo en la audiencia
Presidenta Salazar, Miembro de Mayor Rango Castro y distinguidos miembros de este Comité, estoy profundamente agradecido por la invitación a comparecer ante ustedes hoy para ofrecer testimonio sobre el asunto crítico de las próximas elecciones en Honduras.
Cuando Xiomara Castro fue elegida presidenta en 2021, muchos la recibieron como una voz de cambio.
Lamentablemente, la realidad fue diferente. Ella ha instaurado un gobierno basado en principios políticos de extrema izquierda y ha expresado repetidamente afinidad hacia Nicolás Maduro y el chavismo, que ha destruido a Venezuela.
A medida que avanzaron los primeros meses de su administración, crecieron las preocupaciones sobre la dirección del nuevo gobierno, particularmente después de decisiones interpretadas como un giro hacia posiciones más radicales, como la ruptura de relaciones con Taiwán y el establecimiento de vínculos con la República Popular China.
Además, hubo informes sobre grupos de presión alineados con la administración, comparados por algunos analistas con los “colectivos” de Venezuela, que presuntamente influyeron en episodios de tensión institucional, incluida la controvertida elección de las autoridades del Congreso Nacional.
Varios altos funcionarios también optaron por renunciar debido a desacuerdos internos o diferencias de opinión. Entre ellos estuvo Edmundo Orellana, quien desempeñó el cargo de secretario de Transparencia y Anticorrupción.
En el período previo a las elecciones actuales, organizaciones de la sociedad civil, sectores políticos y observadores han expresado preocupación por presuntas irregularidades, particularmente en relación con retrasos y obstáculos en la contratación de servicios esenciales para el día de las elecciones.
Recientemente, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han intensificado. La expresidenta del CNE, Cossette López-Osorio, ha reportado recibir amenazas y presiones judiciales que, según ella, tenían la intención de forzar su renuncia.
La magistrada Ana Paola Hall ha señalado de manera similar, en un foro público, que percibe amenazas a su seguridad, lo que intensifica las preocupaciones sobre una posible maniobra para sustituir a las actuales autoridades electorales por personas consideradas más alineadas con los intereses de la administración vigente.
No debemos pasar por alto la decisión tomada el pasado febrero, cuando el gobierno de la presidenta Castro canceló el acuerdo de extradición relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta acción podría poner en peligro futuras solicitudes de extradición desde Estados Unidos, en caso de que fueran necesarias.
Otro punto delicado es el papel de las Fuerzas Armadas. Si revisamos el historial, su función en las elecciones se ha limitado a la custodia y el transporte de urnas a lo largo del país.
Sin embargo, declaraciones recientes del alto mando, particularmente del general Roosevelt Hernández, han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de involucrarse en áreas que exceden su autoridad constitucional, generando preocupación sobre su imparcialidad.
A esto se suman las persistentes preocupaciones de seguridad relacionadas con la base estadounidense en Palmerola, incluyendo el posible riesgo planteado por actores adversarios.
También quisiera añadir que las maniobras realizadas dentro del Congreso Nacional bajo el liderazgo de Luis Redondo merecen la misma atención y no pueden ser ignoradas.
Redondo se negó a continuar con las sesiones ordinarias, pese a que más de 78 de los 128 diputados lo exigieron, y optó por crear una Comisión Permanente compuesta por nueve diputados alineados con el partido Libre.
A través de esta estructura, se alega que podrían imponerse nombramientos interinos una vez que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal de Justicia Electoral sean suspendidos o removidos de sus cargos.
Finalmente, el desempeño del Ministerio Público también ha sido objeto de debate. Diversos partidos de oposición han alertado que el fiscal general, Johel Zelaya, quien tiene vínculos familiares con la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, ha tomado decisiones favorables al Poder Ejecutivo, incluyendo acciones legalmente cuestionadas contra autoridades electorales.
Algunos funcionarios, en este entorno, incluso han abandonado temporalmente el país alegando un temor creíble de persecución.
Para actores internacionales, incluida la administración Trump en Estados Unidos, fortalecer la transparencia electoral en Honduras es esencial.
Washington mantiene una influencia significativa en el país, en gran parte a través de marcos de cooperación en seguridad y de profundos vínculos comerciales bilaterales.
Los sectores diplomáticos y legislativos han enfatizado que cualquier señal de manipulación electoral debe ser estrechamente monitoreada y podría tener consecuencias para la relación bilateral, incluyendo la posible imposición de sanciones.
Deborah Ullmer: más de dos décadas en observación electoral y derechos humanos
Deborah Ullmer posee más de 20 años de experiencia liderando programas de democracia y derechos humanos.
Antes de su cargo actual en el National Democratic Institute (NDI), dirigió los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House y fue jefa de misión de un programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID en Nicaragua.
Entre 1996 y 2018 trabajó para NDI, donde dirigió proyectos en América Latina y, entre 2010 y 2014, en África del Sur y Oriental.
Ha vivido y trabajado cerca de 12 años en la región centroamericana, incluyendo Honduras, Nicaragua, Guatemala y Guyana.
En Honduras estuvo al frente de iniciativas sobre seguridad ciudadana, integridad pública, derechos humanos, monitoreo electoral y reforma política. También organizó misiones de observación internacional NDI/Carter Center en Palestina (2005) y República Dominicana (2000).
Es licenciada en Ciencias Políticas y Lenguas Modernas por Seton Hall University y posee una maestría ejecutiva en Resolución de Conflictos Internacionales de American University.
Lo que dijo en la audiencia
Presidenta Salazar, miembro de mayor rango Castro y miembros del Subcomité del Hemisferio Occidental, gracias por esta oportunidad de dirigirme a esta audiencia sobre “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”.
He trabajado durante más de 25 años implementando programas para fortalecer la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, incluido residir y trabajar en Honduras, donde fui testigo de la violencia poselectoral en 2017.
A medida que Honduras avanza hacia las elecciones generales del 30 de noviembre, las implicaciones trascienden sus fronteras.
En un momento en que la democracia está siendo puesta a prueba en todo el mundo, esta votación determinará algo más que quién gobierna Honduras. Moldeará la estabilidad del país durante los próximos años e influirá en la seguridad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos en Centroamérica.
Una elección creíble en Honduras es esencial para evitar un deslizamiento hacia una inestabilidad política más profunda.
Los verdaderos riesgos van más allá de disputas electorales que podrían desencadenar disturbios inmediatos.
El peligro mayor es más profundo: un liderazgo que asuma el cargo sin un mandato genuino, debilitando los controles democráticos, erosionando aún más la confianza pública y socavando la gobernabilidad del país de manera duradera.
Washington tiene buenas razones para preocuparse. Honduras ya es un punto importante de tránsito para la cocaína que se traslada de Sudamérica a Estados Unidos.
La inestabilidad política podría agravar este grave problema. El país también alberga la Base Aérea Soto Cano, un centro clave para las operaciones militares estadounidenses en Centroamérica. Y con más de 200 empresas estadounidenses operando en Honduras, la inestabilidad podría poner en riesgo inversiones significativas.
En resumen, la estabilidad de Honduras es fundamental para la seguridad estadounidense, los intereses económicos y la vida de miles de familias con lazos profundos en ambos países.
La actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), ganó las elecciones de 2021 por más de 14 puntos porcentuales, tras formar una alianza de último momento con Salvador Nasralla, entonces candidato del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Sin embargo, hubo desafíos administrativos significativos derivados principalmente de la falta de acción del Congreso Nacional para aprobar la nueva ley electoral de 2019 y autorizar el presupuesto del CNE a tiempo. Esto generó retrasos en las preparaciones y en procesos clave de contratación, incluido el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
No obstante, la victoria contundente, impulsada por una participación histórica y el descontento generalizado con el partido en el poder, permitió superar temporalmente problemas administrativos que persisten hoy.
Sin embargo, las elecciones primarias de marzo de 2025 recordaron que muchos de los problemas administrativos que provocaron protestas en 2017 siguen sin resolverse.
Las autoridades no garantizaron la custodia adecuada de las papeletas, que llegaron tarde a muchos centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó retrasos significativos para miles de votantes.
En este contexto, un amplio sector de la sociedad hondureña —académicos, líderes religiosos, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, abogados y representantes empresariales— está alertando sobre el potencial de manipulación electoral, especialmente mediante interferencia política indebida y presiones legales sobre las autoridades electorales.
A partir de las reformas constitucionales aprobadas en 2019, Honduras adoptó un modelo electoral bicameral compuesto por el CNE —que administra las elecciones— y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de resolver disputas y administrar justicia electoral. Este modelo aún no se ha consolidado por completo, dejando a las autoridades con desafíos significativos de coordinación institucional y capacidad técnica.
Las instituciones electorales están compuestas por tres consejeros (o magistrados, en el caso del TJE) nombrados por partidos políticos: el Partido Nacional (PN), el Partido Liberal (PL) y LIBRE, que son las tres fuerzas con mayor representación en el Congreso Nacional.
Aunque Honduras tiene una larga tradición de que los partidos nombren a los líderes de las instituciones electorales y de que representantes de distintas fuerzas políticas operen las Juntas Receptoras de Votos (JRV), esta participación es un factor que complica la administración electoral e incrementa la posibilidad de influencia política.
Las tensiones entre la actual dirigencia del CNE han creado una crisis de gobernanza interna y han impactado negativamente en la imagen pública de la institución. Desde las primarias, el CNE ha enfrentado grandes dificultades para alcanzar acuerdos sobre decisiones clave, incluida la contratación de empresas para operar el TREP y el transporte del material electoral.
Para cumplir efectivamente con sus mandatos, el CNE y el TJE requieren no solo marcos legales claros y estandarizados, y financiamiento suficiente y oportuno, sino también protección frente a amenazas y autonomía ante la interferencia política. Esa autonomía es clave para restaurar la gobernanza y mitigar los efectos de la parálisis institucional.
Durante su misión de evaluación preelectoral en agosto, NDI escuchó preocupaciones constantes sobre interferencia política indebida y presiones legales sobre el CNE y el TJE.
Estas acciones contribuyen al deterioro de normas democráticas, ya que los ataques sostenidos desde otros poderes del Estado contra las autoridades electorales aumentan el riesgo de una crisis política prolongada.
Específicamente, NDI escuchó inquietudes sobre los procesos penales en curso contra consejeros del CNE y magistrados del TJE nombrados por partidos de oposición.
El consejero del CNE designado por LIBRE presentó denuncias contra los dos consejeros nombrados por los partidos Liberal y Nacional, acusándolos de traición, delitos electorales y abuso de autoridad en relación con sus funciones de planificación electoral.
Además, el fiscal general acusó al consejero del CNE nombrado por el Partido Nacional de conspirar contra las elecciones, y posteriormente publicó grabaciones de audio, presuntamente de conversaciones del consejero con la dirigencia del Partido Nacional y un miembro no identificado de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio Público también solicitó a la Corte Suprema de Justicia levantar la inmunidad de dos magistrados del TJE pertenecientes a la oposición, acusados de mala conducta judicial.
Estos magistrados habían emitido una resolución final ordenando al CNE registrar a dos candidatos al Congreso, pero lo hicieron sin la participación del tercer miembro del tribunal —nombrado por el partido gobernante—.
Aunque la Corte Suprema finalmente declaró inadmisible la solicitud de antejuicio, estas acciones han alimentado un ambiente de intimidación e incertidumbre.
Si bien la supervisión penal y administrativa es fundamental para el estado de derecho, estos procesos no deben obstaculizar la capacidad del CNE para administrar el proceso electoral ni la responsabilidad del TJE de resolver disputas.
Como enfatizó recientemente el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA): “Las autoridades electorales deben poder realizar su trabajo técnico de conformidad con la ley, libres de interferencias y presiones indebidas de cualquier actor político”.
En este sentido, el trabajo del CNE depende de la cooperación de todos los actores políticos y de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, que están constitucionalmente mandatadas no solo a custodiar las urnas y brindar seguridad electoral, sino también a garantizar la alternancia ordenada del poder.
El pueblo hondureño merece elecciones creíbles y participativas en las que se respete la voluntad de los votantes.
Asimismo, establecer las condiciones políticas, institucionales y técnicas necesarias es vital para garantizar que los comicios se realicen de manera pacífica y en un clima de confianza mutua.
Es evidente que la sociedad hondureña busca vías sinceras y respetuosas de diálogo donde distintas voces puedan ser escuchadas y contribuir activamente a unas elecciones participativas, transparentes y responsables.
Enrique Roig: experto en seguridad, diplomacia y derechos humanos
Enrique Roig es vicepresidente de Asuntos Externos de Human Rights First, donde coordina alianzas y estrategias para amplificar las voces de defensores de derechos humanos.
Fue director de Política e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation y ocupó cargos de alto nivel en el Departamento de Estado de EE UU, incluido el de subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL), liderando políticas para el Hemisferio Occidental y África.
Como asesor del subsecretario para Seguridad Civil y Derechos Humanos, participó en iniciativas globales en más de 40 países. En USAID fue coordinador de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI), donde impulsó programas de prevención de la violencia y fue reconocido con cuatro premios por liderazgo.
Es analista frecuente en CNN, BBC, Univisión, Telemundo, DW y NewsNation. Roig posee una maestría en Relaciones Internacionales de American University.
Lo que dijo en la audiencia
Roig afirmó que la reducción de fondos estadounidenses para observación electoral, seguridad digital, medios independientes y anticorrupción ha debilitado la capacidad de vigilancia ciudadana en Honduras.
Señaló que organizaciones nacionales tuvieron que “rearmar de último momento” su sistema de observación por falta de apoyo externo.
"Honduras entra en su próximo ciclo electoral ya cargado por un aumento de la polarización, el legado de elecciones irregulares y un sistema de justicia que ha sido vaciado por la manipulación política y la infiltración del crimen organizado. Sin duda, existe la necesidad de una mayor vigilancia y de elevar las alertas sobre las elecciones en Honduras", declaró.
Aseguró que "la administración de Donald Trump ha guardado relativo silencio y ha adoptado un enfoque mayormente transaccional hacia el gobierno de Castro, centrado principalmente en las deportaciones".
"Según el ICE Flight Monitor de Human Rights First, Estados Unidos llevó a cabo 353 vuelos de deportación a Honduras entre enero y octubre de 2025, lo que lo convierte en el segundo destino con mayor número de deportaciones después de Guatemala.
La administración también presionó a Honduras para firmar los Acuerdos de Cooperación de Asilo, que permiten a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo allí sin evaluar sus solicitudes. La terminación del TPS para 72,000 hondureños en septiembre de 2025 ha puesto a aún más personas en riesgo de ser removidas.
Mientras la administración Trump ha permanecido enfocada en las deportaciones, existen otros intereses de seguridad nacional en juego que requieren una mayor vigilancia del proceso electoral en Honduras.
Afortunadamente, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos han dado un paso al frente y han pedido mayor transparencia y legitimidad en las próximas elecciones.
Hoy, la sociedad civil hondureña —en gran medida gracias a su propio mérito— ha logrado organizar observadores nacionales. Sin embargo, han tenido que armar sus esfuerzos a último momento porque la asistencia exterior de la que dependían fue terminada.
Si la asistencia estadounidense no hubiera sido desmantelada, los observadores hondureños contarían con mayores recursos para asegurar un mayor escrutinio de las elecciones en este momento crítico".
