Retirado oficial del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Como director de programas de democracia y derechos humanos, supervisó misiones de observación y evaluación electoral, procesos de fortalecimiento institucional y la protección de derechos civiles en Honduras, República Dominicana, Colombia, Nepal, Rusia y Azerbaiyán.
Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no representan posiciones oficiales del Gobierno de los Estados Unidos ni de ninguna institución pública o privada con la que haya estado afiliado.
Honduras se prepara para una elección que no solo será definida por su política interna, sino también por la lupa precisa con que la comunidad internacional la observa. El ambiente preelectoral ha encendido alertas entre actores multilaterales, gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos, todos ellos convergiendo en una misma preocupación: la integridad logística del proceso, la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la neutralidad absoluta de las instituciones del Estado, particularmente aquellas responsables de la seguridad o del transporte del material electoral.
El motivo de tanta atención no es misterio. El continente ha aprendido a reconocer los primeros signos de una elección que corre riesgo de desviarse. Las señales iniciales —demoras en la distribución de maletas electorales, tensiones entre instituciones, intentos de interpretar competencias constitucionales con excesiva amplitud— han llamado la atención no porque determinen una manipulación, sino porque crean el ambiente donde esa manipulación se vuelve posible. Y en este momento, Honduras no puede permitirse ese margen de duda.
La Organización de Estados Americanos ha sido especialmente clara. Tanto la Misión de Observación Electoral como la Secretaría General han advertido que la autonomía del CNE es condición indispensable para la credibilidad del proceso. La OEA ha insistido en que sus autoridades deben poder operar sin presiones institucionales, políticas o administrativas, recordando que la seguridad física y psicológica de los funcionarios es parte esencial de un ambiente democrático.
La Unión Europea, por su parte, ha expresado su preocupación por el clima institucional previo al 30 de noviembre. Sus declaraciones destacan la necesidad de que el CNE actúe sin presiones, y que la maquinaria estatal no dé la impresión —ni siquiera la apariencia— de influir en el proceso.
La ONU también ha subrayado que el voto debe ser verificable y que el proceso debe desarrollarse en un ambiente pacífico, sin intimidación y con plena protección para periodistas, funcionarios del CNE y observadores.
Organizaciones como WOLA y Human Rights Watch han destacado la fragilidad logística, las presiones institucionales y la importancia crítica de asegurar que la cadena de suministro electoral sea completamente transparente.
Desde Washington, la advertencia es aún más contundente, aunque expresada con cautela. Legisladores y analistas han indicado que la legitimidad de la elección será un factor clave para la continuidad de la cooperación bilateral. El precedente venezolano sirve como advertencia: cuando un proceso se percibe como opaco, las respuestas internacionales incluyen el no reconocimiento, sanciones y aislamiento diplomático.
Honduras aún está a tiempo de evitar ese escenario. La comunidad internacional espera claridad institucional, prontitud logística y respeto al mandato del CNE. La legitimidad del próximo gobierno dependerá tanto de los votos emitidos como de la transparencia con que esos votos viajen, se custodien y se cuenten.
Honduras tiene una oportunidad histórica de consolidar su democracia. El mundo observa. Y la historia también.
