Tegucigalpa, Honduras.- La crisis económica en el sector rural y el constante incremento en los costos de los insumos agrícolas han encendido las alarmas entre las organizaciones productivas de Honduras.
Durante los últimos años, miles de pequeños productores han enfrentado serias dificultades para sostener la siembra de granos básicos y productos de primera necesidad, afectados por el alto precio de la tierra y la falta de liquidez.
Ante este panorama, en el Congreso Nacional surgió una iniciativa enfocada en reorientar los bienes incautados al crimen organizado para ponerlos al servicio de las familias campesinas.
La propuesta busca formalizar un mecanismo de cooperación interinstitucional entre la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para identificar predios con vocación agrícola que permanecen improductivos a nivel nacional.
La meta es transferir temporalmente estos predios a organizaciones rurales mediante contratos de arrendamiento accesibles.
"Pedimos que la OABI pueda identificar terrenos ociosos y, junto con el INA, ubicar a empresas campesinas legalmente constituidas para otorgárselos en renta y poner esas tierras a producir", expresó Germán Altamirano, diputado del Congreso Nacional.
Uno de los ejes centrales del proyecto legislativo radica en la reducción sustancial de las tarifas de arrendamiento que actualmente cobra el Estado por el uso de estos predios.
En la actualidad, las agrupaciones agrícolas pagan un promedio de 500 lempiras por manzana, una cifra que los legisladores consideran desproporcionada frente al encarecimiento de los fertilizantes, combustibles y semillas en los mercados locales.
"Lo que pedimos es que se baje la renta a 200 lempiras por manzana para paliar un poco el impacto económico generado por el alto costo de vida y el precio de los insumos", manifestó Altamirano.
Además del componente productivo, la medida pretende desestimular las ocupaciones irregulares de terrenos en la zona rural, un fenómeno que ha generado recurrentes conflictos de propiedad e inseguridad jurídica en distintos departamentos del país.
El plan prevé un filtro riguroso de selección para asegurar que únicamente las cooperativas y empresas asociativas que cuenten con su personería jurídica al día puedan acceder a los beneficios del programa gubernamental.
"Queremos evitar el tema de las invasiones para que no llegue cualquiera a meterse diciendo que es campesino, sino que el beneficio vaya directo a las empresas campesinas que luchan todos los días en la tierra", señaló el diputado.
