Tegucigalpa, Honduras.- El reciente informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que revela la falta de transparencia en el manejo de más de 824 millones de lempiras por parte del Congreso Nacional, ha provocado una oleada de reacciones en distintos sectores políticos y sociales.
Entre los hallazgos más graves, se señalan posibles fraccionamientos de compras, adquisiciones injustificadas de artículos personales, y la compra de medicamentos controlados con fondos del Legislativo.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, expuso que del total analizado, 824 millones de lempiras en los últimos tres años, no se ha podido determinar con claridad el destino de dichos fondos.
Del monto total, 95 millones corresponden a compras menores, de los cuales al menos 13.6 millones habrían sido ejecutados bajo esquemas de fraccionamiento de compras, una práctica que vulnera la Ley de Contratación del Estado.
“Detectamos más de 300 compras menores de manera repetitiva, especialmente de alimentos para seguridad, lo cual sugiere un patrón de fraccionamiento intencional. Además, hay gastos cuestionables en supermercados, artículos personales como pasta dental, bloqueador solar, guantes de marca Hugo Boss y medicamentos controlados como metformina o diazepam”, detalló Aguilar.
Además que luego de presentar el informe, formalizó la denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solicitando una auditoría especial al manejo presupuestario del Legislativo.
Ante la denuncia presentada, Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, confirmó que la institución recibió oficialmente la documentación de parte de la ASJ y explicó que se ha iniciado el proceso correspondiente para evaluar la procedencia de una investigación especial.
“El primer paso es un análisis legal previo, que determinará si la denuncia encaja dentro de las competencias del TSC. De ser así, se procederá con una investigación especial a cargo de un auditor, quien establecerá un plan de trabajo, recabará pruebas y elaborará un informe técnico legal”, explicó Isaula.
Aunque no precisó un plazo exacto, el vocero aseguró que se trata de un procedimiento formal que se desarrollará conforme a la ley.
“En caso de hallar irregularidades, se notificarán responsabilidades que podrían incluso derivar en acciones penales por parte del Ministerio Público”, añadió.
Uno de los señalados indirectamente en el informe es el jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien rechazó haber dispuesto de fondos para seguridad privada.
“Yo no tengo seguridad privada. Por ser miembro de la Comisión de Seguridad se me han asignado elementos de la Policía Nacional y la alimentación que reciben es la que se sirve en el Congreso durante las sesiones. No hay ningún fondo adicional que yo reciba”, afirmó Sarmiento, al tiempo que se mostró dispuesto a que se realicen las investigaciones pertinentes.
Una de las voces más críticas provino de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, quien calificó el informe de “impactante y vergonzoso”.
Para Espinoza, cualquier explicación oficial debe estar acompañada de un dictamen pericial externo, dada la falta de credibilidad que arrastra el Congreso.
“Mientras los hospitales públicos carecen de medicamentos y equipos, aquí se despilfarran millones en artículos personales. Es un abuso nauseabundo. Lo único que puede salvar la imagen de este Congreso es una auditoría forense externa, de lo contrario, todo lo que digan será mentira”, expresó indignada.
Tomas Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, también arremetió contra Libre, acusando al oficialismo de haber llegado al poder con promesas de transparencia que no han cumplido.
“Engañaron al pueblo con discursos de lucha contra la corrupción, pero al llegar al poder lo único que han hecho es administrar el Estado como una hacienda privada. Hoy el pueblo los repudia”, lanzó Zambrano.
Además, comparte que se debe hacer investigaciones a fondo para establecer los gatos que se han realizado desde la actual junta directiva del Congreso Nacional.
El exdiputado de Libre, Luis Cruz, fue aún más directo en su crítica contra el presidente del Congreso, Luis Redondo, a quien acusó de “vestirse de oveja” mientras realizaba actos que calificó como “saqueo”.
“Todo el país siente náuseas por lo que ocurre en este poder del Estado. Luis Redondo siempre fue un lobo disfrazado. Lo que se está viendo es corrupción abierta, descarada y desvergonzada”, dijo Cruz.
El informe de la ASJ ha expuesto un entramado de posibles irregularidades que, de comprobarse, dejarían en evidencia un uso irresponsable y opaco de los fondos públicos en el Poder Legislativo.
Las reacciones no se han hecho esperar, mientras desde Libre intentan minimizar los hallazgos o desmarcarse de ellos, otras bancadas y sectores sociales claman por auditorías profundas, sanciones ejemplares y transparencia real.
Por su parte, las autoridades del Congreso Nacional, realizaron una conferencia de prensa donde intentaron justificar y desmentir el informe presentado por ASJ.
