Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, hizo este martes un llamado público al Congreso Nacional para instalar una mesa interinstitucional que permita discutir los alcances de las reformas en debate sobre la administración del sistema de justicia.
En su pronunciamiento oficial, la magistrada presidenta subrayó su compromiso con el orden constitucional y la institucionalidad democrática.
“En mi carácter de presidenta del Poder Judicial de la República, comprometida con la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento del Estado de derecho, reitero mi disposición de contribuir a soluciones que garanticen estabilidad del sistema de justicia y el bienestar de la ciudadanía”, expresó.
Ráquel Obando dirigió su solicitud al presidente del Congreso Nacional, abogado Tomás Zambrano, y a los diputados que integran la comisión de dictamen del proyecto de reforma al Decreto 282-2010, ratificado a través del Decreto 05-2011.
“Hago por estos medios un respetuoso llamado y solicitud al honorable Presidente del Congreso Nacional (...) así como a los diputados que integran la comisión de dictamen del proyecto de reforma al Decreto 282-2010 (...) con el fin de instalar una Mesa Interinstitucional”, manifestó.
La titular del Poder Judicial explicó que el objetivo es analizar conjuntamente el impacto de la reforma propuesta y permitir que ese poder del Estado exponga su posición técnica y jurídica.
“Que en forma conjunta podamos abordar los posibles alcances de la reforma propuesta en el soberano Congreso Nacional de la República y sobre todo ser escuchados para proponer una reforma integral a todo el sector justicia”, señaló.
Asimismo, detalló que la discusión debería incluir la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, así como la actualización de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), entre otras normas vinculadas al sector.
“El propósito es que se escuche el parecer técnico y jurídico del Poder Judicial, conforme al principio de independencia y colaboración entre los Poderes del Estado”, afirmó.
Obando también propuso la realización de una reunión de alto nivel para analizar la situación y adoptar decisiones responsables.
“Que mediante una reunión de alto nivel, con las partes involucradas, se analice la situación y se adopten decisiones responsables en beneficio del orden constitucional y el interés general”, puntualizó.
“Como presidenta del Poder Judicial estaré atenta a la receptividad de esta solicitud y a la respuesta correspondiente, motivada únicamente por el bienestar de los servidores judiciales, el fortalecimiento del Poder Judicial y la mejora del servicio a la ciudadanía, en cumplimiento del mandato constitucional que le corresponde”, sostuvo.
¿Qué plantea la reforma?
El proyecto aprobado en primer debate busca descentralizar las facultades administrativas que actualmente ejerce la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y trasladarlas al Pleno de los 15 magistrados como órgano colegiado.
En ese sentido, la gestión y administración institucional dejarían de concentrarse en el presidente de la Corte y pasarían a ser competencia del pleno de magistrados, con el propósito de distribuir las atribuciones dentro del máximo tribunal.
Además, el Pleno asumiría la selección, nombramiento y destitución de jueces, magistrados y personal administrativo, facultades que actualmente recaen en la presidencia del Poder Judicial.
La propuesta también contempla que al menos tres magistrados propietarios conozcan los procesos disciplinarios y de despido, con el fin de garantizar el debido proceso en las decisiones relacionadas con la carrera judicial.
Asimismo, las resoluciones administrativas serían válidas únicamente si cuentan con el voto favorable de al menos ocho de los 15 magistrados, es decir, la mitad más uno del pleno.
Aunque la iniciativa se presenta como una reforma al Decreto 282-2010, algunos sectores la consideran una medida de carácter transitorio mientras se aprueba una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Por su parte, el diputado Francis Cabrera, impulsor del proyecto, ha sostenido que la reforma no constituye una injerencia, sino una regulación necesaria para evitar la concentración de poder en una sola persona.
Tras promover el decreto, Cabrera denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y coacciones.
