Tegucigalpa, Honduras.-El secretario del Congreso Nacional, Francis Contreras, denunció este martes haber recibido amenazas de muerte luego de promover una reforma orientada a reducir las atribuciones administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
El parlamentario relató que recibió llamadas desde números desconocidos en las que le advirtieron que, por su seguridad y la de su familia, debía retirar el proyecto de ley.
Según afirmó, las amenazas ocurrieron un día después de que la Corte Suprema emitiera un comunicado solicitando al Congreso Nacional suspender el debate de la iniciativa.
“Yo he presentado este proyecto con el mejor ánimo como hondureño que quiere que las cosas cambien en este país. Pero para que cambien hay que hacer cambios drásticos”, expresó Contreras, quien calificó como preocupante la situación y aseguró que no cederá ante presiones ni intimidaciones.
El diputado sostuvo que su propuesta busca evitar la concentración de poder en la presidencia del Poder Judicial y trasladar las decisiones administrativas al pleno de magistrados.
A su criterio, permitir que una sola persona mantenga el control sobre nombramientos, traslados y asignaciones dentro del sistema judicial debilita la independencia institucional.
Asimismo, cuestionó el pronunciamiento de la Corte Suprema al pedir la suspensión del debate legislativo, al considerar que constituye una injerencia en las atribuciones del Congreso Nacional.
“¿Qué pasaría si el Congreso pidiera detener un juicio? Sería una intervención indebida. Pues ayer ocurrió lo contrario”, señaló.
Afirmó que interpondrá denuncias ante instancias internacionales tras las amenazas recibidas y aseguró que continuará impulsando la reforma, la cual responde al mandato ciudadano que recibió del departamento de Copán.
También acusó a sectores vinculados al partido Libre dentro del sistema judicial de oponerse a los cambios planteados.
La iniciativa legislativa propone reformar el artículo 3 del Decreto 282-2010 para que la gestión administrativa del Poder Judicial deje de concentrarse en la presidencia de la CSJ y pase a ser decidida por el pleno de los 15 magistrados.
El proyecto fue aprobado en primer debate y continúa generando reacciones encontradas.
Desde la Corte Suprema de Justicia y organizaciones judiciales se ha advertido que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, mientras sus promotores sostienen que busca democratizar la toma de decisiones internas.
El tema seguirá en discusión en el Congreso Nacional en medio de un clima político marcado por acusaciones cruzadas y creciente tensión entre poderes del Estado.
