En el seno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) surgieron posiciones encontradas sobre la legalidad del polígrafo.
Una reforma a la Ley del Consejo de la Judicatura autoriza a este organismo aplicar esta prueba al personal judicial, entre otros mecanismos de evaluación.
El coordinador de la Sala Penal de la CSJ, Carlos David Cálix, afirmó que el polígrafo se opone al precepto constitucional de no declarar contra sí mismo.
Además, argumento que el Código Procesal Penal expresamente prohíbe el uso del polígrafo. Aseguró que el carácter científico de la prueba está “muy en entredicho”.
No objetó ser evaluados con otras pruebas, como el patrimonial. Evidenció que en la legislación no debe existir contradicciones dentro del mismo ordenamiento jurídico, que por un lado lo prohíbe y en otra ley lo permite.
En iguales términos se refirió el magistrado de la misma Sala Penal, Jacobo Cálix.
El vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, externó su posición en contra del polígrafo. “Es ilegal, es una prueba invasiva, es una prueba similar a la tortura dado que a la persona que se le aplica se le colocan en su cuerpo electrodos, se le colocan alambres”, dijo. Por tanto presentarán un recurso de inconstitucionalidad.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, dijo que la ley ordena aplicar el polígrafo y otras pruebas. Anunció que, aunque la ley no lo ordena, los miembros del Consejo darán el ejemplo y se someterán a dicha prueba. La labor es depurar, aunque exista oposición, dijo.
