Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
Según informó la PGR, la denuncia fue presentada ante el fiscal general del Ministerio Público, luego de que ambos ciudadanos continuaran ejerciendo funciones vinculadas con la denominada ZEDE Próspera pese a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el marco jurídico que dio origen a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
En ese sentido, la PGR recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el 20 de septiembre de 2024 la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc (desde su origen), de la reforma constitucional y de la legislación que sustentaba las ZEDE, así como del decreto mediante el cual se creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
La resolución fue publicada en La Gaceta número 36,698 el 25 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la Procuraduría, sus efectos implican que ningún nombramiento emitido por el CAMP ni las actuaciones derivadas de estos tienen validez jurídica.
Sin embargo, la institución señaló que Colindres Castillo habría continuado presentándose como autoridad de una supuesta jurisdicción especial y que el pasado 15 de septiembre juramentó a Hernández Franks como "Fiscal Civil" de ZEDE Próspera.
De acuerdo con la denuncia, a ese cargo se le atribuyeron facultades relacionadas con funciones jurisdiccionales, cobro forzoso de tributos y resguardo del orden público, atribuciones que la Constitución de la República reserva a los Poderes del Estado.
Ante estos hechos, la PGR solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente y preservar de manera urgente la evidencia relacionada con los actos denunciados.
Asimismo, pidió recabar documentación e informes ante las instituciones del Estado y las entidades vinculadas con ZEDE Próspera, además de tomar las declaraciones que correspondan dentro de la investigación.
Por otra parte, la Procuraduría se reservó expresamente el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado de Honduras.
Finalmente, la PGR sostuvo que la denuncia busca defender la soberanía nacional, el orden constitucional y el Estado de derecho, al tiempo que reiteró que ninguna estructura privada puede asumir funciones de autoridad pública dentro del territorio hondureño.
