Pese a enfrentar una crisis que parece ser inmejorable, las pasadas autoridades del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
no lograron reducir el personal de la institución.
Este punto era una de las recomendaciones que integraba un informe de auditoría forense realizado al ente, en el que además se señalaba la necesidad de implementar sistemas para lograr una mejor administración de los recursos económicos.
Esta era una de las condiciones que la auditoría dio a la Junta Directiva
para el rompimiento de techos que fue aprobado el 11 de junio de 2011.
Empleomanía
La omisión que las autoridades del IHSS
hicieron a la recomendación de la auditoría forense se refleja en las cifras del departamento de Recursos Humanos, a las que EL HERALDO tuvo acceso.
Para el 2001, el IHSS tenía una planilla de 2,487 empleados bajo acuerdo, para ese momento no se contaba con personal por contrato.
Cuatro años después, es decir para el 2005, el apoyo laboral de la institución ascendió a 3,847, de estos 505 trabajadores entraron bajo la modalidad de contrato.
Durante el período 2001 al 2005, la institución contrató un total de 1,360 personas.
Para el 2009, es decir pasados cuatro años, el IHSS ostentaba una planilla de 5,162 trabajadores, de estos 326 bajo contrato.
En total, durante el período 2005-2009 la institución contrató a 1,315 personas.
En el 2011, año en el que se aprobó el rompimiento de techos, el total de empleados ascendía a 5,820, de los cuales 192 eran por contrato. Fue sobre esa misma cantidad que se sugirió que el IHSS trabajara en una reducción de personal, que para ese entonces se consideró supernumerario.
Sin embargo, para el 2013 el Seguro Social cerró con una planilla de 5,881 empleados, de los cuales solo 99 son por contrato.
Según los datos de Recursos Humanos, en total, durante la administración Lobo Sosa, el IHSS contrató 719 trabajadores.
Por otra parte, en este período la planilla de personal bajo acuerdo aumentó con 367 trabajadores que anteriormente estaban bajo la modalidad de contrato.
Y es que solo en el pago de la planilla laboral, que asciende a 5,881 trabajadores, el Seguro Social invierte el 58 por ciento
de los ingresos que recibe.
Cada año, la institución percibe cerca de 3,895 millones de lempiras, es decir, que un poco más de 2,200 millones de lempiras es erogado en el pago del personal.
¿Supernumerario?
Para la presidenta de la Junta Interventora del IHSS, Vilma Morales, sí existe personal supernumerario, sin embargo es difícil cuantificarlo.
“Nosotros estamos trabajando en eso en este momento, es difícil determinar una cifra por que hay que definirlas por el área administrativa y técnica (hospitalaria)”, manifestó Morales.
Indicó que actualmente existe mayor cantidad de empleados con funciones administrativas que técnica, que es lo realmente requerido por la institución.
Apuntó que una de las recomendaciones que integrará el informe presentado en los próximos días al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, integra el desarrollo de una auditoría de puestos para iniciar una inmediata depuración.
Crisis y corrupción
La agonía del ente de seguridad social del país no solo se agudizó por la inexistencia del flujo económico, que creó un déficit mensual de 154 millones de lempiras.
Sumado a esto, los escándalos de corrupción salpicaron la administración dirigida por el exdirector ejecutivo, Mario Zelaya, para quien la semana anterior se emitió una orden de captura y una alerta migratoria.
Entre estos supuestos actos de corrupción desfila la compra sobrevalorada de diez ambulancias “hechizas”, que fueron adquiridas cada una a un costo de un millón 378 mil lempiras.
Según el cotejo realizado por la
Unidad de Apoyo Fiscal, la institución pagó en total 13 millones 378 mil lempiras cuando en el mercado local se pudo haber hecho la misma compra por cinco millones 500 mil lempiras.
Esto refleja una sobrevaloración del 100 por ciento del valor real que fueron pagados a la empresa Tecnología Médica Avanzada (Tecma).
La compra de estas ambulancias fue realizada mediante compra directa avalada por un decreto de emergencia 004-JD-2011 con fecha 10 de mayo .
Luego de 20 días, el subgerente de compras, José Zelaya, solicitó a José Ramón Bertetty
(único apresado hasta el momento), el visto bueno para la compra, mismo que fue otorgado.
Este hecho solo es uno de las 15 líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público
y que concluyen en el despilfarro de unos cuatro mil millones de lempiras.
Culpabilidad
Según Morales, si bien es cierto que la administración ejerce los trámites económicos, existe también responsabilidad para los miembros de la Junta Directiva
que, pese a ver pasar por sus ojos las supuestas irregularidades, no dejaron plasmadas su oposición.
“Si uno lo ve con la dimensión de la problemática del Seguro Social, no cabe la menor duda que hay grados de responsabilidad”, manifestó Morales.
“Pueden haber (responsabilidades) de diferente índole, como la ley ya lo establece que es de índole administrativo, civil y penal ”, explicó.
Señaló que la Ley del Seguro Social
tiene una particularidad contra aquellas personas que no hayan actuado en forma correcta de deducir responsabilidad sobre los bienes.
“Puede afectar los bienes de las personas atendiendo el daño que hayan causado a la institución y al Estado”, dijo.
Indicó que aquellos miembros de la
Junta Directiva
que hayan razonado su voto en contra y conste en las actas, están salvando su responsabilidad.
Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha encontrado oficios que documenten posiciones en contra ni solicitudes de destitución del exdirector al conocer que no existía un buen proceder.