Tegucigalpa, Honduras.– El Ministerio Público pidió al juez de sentencia que declare sin lugar dos excepciones planteadas por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial del caso Pandora II.
De acuerdo con Josué Salinas, portavoz del Poder Judicial, los abogados de Hernández presentaron las excepciones como parte de sus planteamientos legales para cuestionar aspectos del proceso. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a ambas y solicitó al juez rechazarlas en todos sus extremos.
Además de las excepciones, la defensa presentó medios de prueba ligados al amparo del artículo 93 del Código Procesal Penal, y solicitó incorporar otros elementos al proceso. No obstante, la Fiscalía objetó parte de estas solicitudes y también se opuso a la exclusión de un informe de auditoría presentado por la defensa de Hernández.
Las excepciones son planteamientos legales mediante los cuales una de las partes cuestiona determinados aspectos del proceso y solicita al juez que adopte una decisión al respecto. En este caso, la Fiscalía pidió que ambas excepciones sean rechazadas.
Medios probatorios
El Ministerio Público ofreció 48 medios de prueba, mientras que la Procuraduría General de la República presentó uno adicional, para un total de 49 elementos de prueba de la parte acusadora.
De los medios ofrecidos por la Fiscalía, 38 son documentales, tres son pericias, dos corresponden a testimonios y cinco son evidencias.
El 18 de agosto, la defensa de Hernández presentó 36 medios de prueba: 34 documentos, una prueba pericial y un testimonio.
Los abogados también objetaron parte de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y la Procuraduría de la República, además de solicitar la nulidad absoluta de las actuaciones.
¿De qué se acusa a Hernández?
Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones por fraude y lavado de activos por su presunta vinculación con el desvío de fondos públicos ocurrido entre 2010 y 2013.
Según el Ministerio Público, durante ese período se desembolsaron más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
La Fiscalía sostiene que al menos 62 millones de lempiras de esos recursos fueron vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Hernández en 2013 mediante empresas de fachada, prestanombres y contratos presuntamente ficticios.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó el requerimiento fiscal contra Hernández en octubre de 2023.
La audiencia inicial comenzó el 12 de agosto de 2026, luego de que el juez rechazara la solicitud de detención judicial y le impusiera medidas cautelares distintas a la prisión.
