Tegucigalpa, Honduras.– La defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández rechazó el requerimiento fiscal, los delitos de lavado de activos y fraude que le atribuye el Ministerio Público durante la audiencia de declaración de imputado.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la jornada estuvo enfocada en la presentación de los argumentos de la defensa técnica del exmandatario.
"En la continuación de esta audiencia de declaración de imputado, su defensa manifestó el rechazo total al requerimiento fiscal, así como al delito de lavado de activos y de fraude que le ratificó el ente acusador del Estado", explicó Silva.
Documentos presentados
Durante el sesión, la defensa presentó una serie de documentos con el propósito de acreditar el arraigo del imputado.
Silva detalló que entre los documentos entregados figuran actas de matrimonio, recibos de servicios públicos y un certificado médico que acredita que Hernández Alvarado recibe un tratamiento con monitoreo permanente.
"Dentro del arraigo que ha presentado el equipo de defensa técnica del expresidente Hernández Alvarado se encuentran actas de matrimonio, recibos públicos y un certificado médico por tratamiento con un monitoreo permanente", apuntó.
Asimismo, indicó que la defensa incorporó una constancia emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en la que se hace referencia a una campaña de odio sistemática contra el expresidente y su familia.
También presentó un informe sobre la condición de los centros penitenciarios del país y un informe confidencial relacionado con la situación de seguridad del exmandatario.
Apelan a medidas distintas a la cárcel
Con base en la documentación presentada, la defensa solicitó que no se imponga la detención judicial y que, en su lugar, se dicten medidas distintas a la cárcel.
"Su equipo de defensa técnica ha solicitado que se dicten medidas distintas a la detención judicial, particularmente que quedará al cuidado y vigilancia de su equipo de defensa".
No obstante, la Fiscalía indicó que no objetaría la adopción de medidas distintas a la detención judicial, tomando en consideración el contenido del informe confidencial presentado por la defensa, así como las condiciones de los centros penitenciarios del país en relación con la seguridad del imputado.
Por su parte, la Procuraduría General de la República tampoco objetó los medios de prueba incorporados por la defensa técnica. Sin embargo, mantuvo su postura respecto a que se dicte la medida correspondiente dentro del proceso.
