El accionar de la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado de Honduras deberá estar supeditado a un mandato judicial.
Una de las medidas adoptadas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa para contrarrestar la criminalidad es la creación de esta nueva dirección que estará dirigida por el general Julián Pacheco Tinoco.
El fiscal general y presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Roy Urtecho, expuso a EL HERALDO sus valoraciones en torno a los alcances de esta nueva unidad investigativa que actuará bajo la égida del gobierno. “Creo que la unidad de inteligencia y de investigación debe fortalecer un estado de derecho, donde debe darse a la ciudadanía la transparencia y rendición de cuentas”, expresó Urtecho.
Reconoce el esfuerzo para fortalecer la investigación criminal, sin embargo, hizo un claro llamado: “Debemos volver a esos cuerpos de inteligencia, pero respetando los derechos humanos”.
Para contar con un cuerpo de investigación se debe contar con la unidad de inteligencia que podría incurrir en violaciones a derechos humanos.
“Que ese cuerpo de inteligencia sea para beneficiar los derechos humanos”, dijo.
Por tanto, recordó que toda actuación que realice esta Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado debe estar regulada por resoluciones judiciales.
“Correcto, para que no se violenten las garantías debe estar el órgano judicial”, indicó.
Para el caso, citó el ejemplo de una intervención telefónica, que debe contar con una orden judicial. “Nosotros estamos a favor de intervenir telefónicamente una llamada, pero con una orden judicial, con el debido proceso, con una cadena de custodia que garantice que no se violentaron derechos humanos”, manifestó. Si no existe orden judicial, se comete una violación al derecho de la comunicación y a la libre expresión.
El ejercer una labor de inteligencia sin contar con una orden emitida por órgano judicial competente incurriría en ilegalidad, lo que implica responsabilidad para quien lo cometiere. “La unidad de investigación y de inteligencia debe hacerse, pero todo dentro del marco del debido proceso y las garantías de los derechos humanos”, concluyó Urtecho.
Respeto
Por su parte, el excomisionado nacional de los derechos humanos, Leo Valladares, dijo a EL HERALDO que la nueva dirección investigativa le genera una incógnita.
“Será para bien? ojalá que así sea, en realidad el Estado y sus aparatos para dar seguridad deben tener información que tiene que ser dada en función del respeto a la persona humana”, manifestó. “Es decir, yo no puedo ser objeto de vigilancia si no hay una instancia imparcial, de carácter judicial, que controle a quienes ejercen esa vigilancia para que no pase los limites de mi libertad individual, mi derecho a la vida privada y a mi propia imagen”, puntualizó Valladares.
