El Tribunal Supremo Electoral (TSE) por sí solo no podrá nunca evitar que el narcotráfico se infiltre en las campañas políticas, según coinciden los magistrados de este órgano colegiado.
En su visita a EL HERALDO, los magistrados David Matamoros, Enrique Ortez Sequeira y Saúl Escobar Andrade, fueron sinceros: este es un problema de Estado y toca a todos los sectores luchar contra este flagelo que amenaza con apoderarse del país.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas es muy débil en cuanto a las facultades que da al TSE para supervisar a los partidos, y aunque las tuviera, el ejercicio de un control efectivo sería difícil.
“Cuando un ministro de seguridad, en el momento más crítico de la vida delincuencial del país, dice que hay diputados y alcaldes narcotraficantes, ¿qué más podemos decir nosotros?”, se preguntó el presidente del TSE, Enrique Ortez Sequeira.
“Esta es una realidad”, añadió, pero se debe hacer un sacrificio para evitar que las campañas sean financiadas con dineros mal habidos.
“Este no solo es un tema del Tribunal, este es un tema de Estado, el nuevo ciudadano es un tema de Estado, las nuevas dimensiones electorales es un tema de Estado. Si no vamos a estar en otro 28 de junio. La clase política no siente que ha pasado nada aquí. Nosotros sí”.
A su juicio, “el país está viviendo veinte años de retroceso” y, en ese sentido, es prudente un gran diálogo nacional porque “esto no es cosa del Tribunal Supremo Electoral”.
En ese diálogo debemos de analizar “hacia dónde queremos caminar democráticamente, hacia dónde queremos formar al ciudadano y hacia dónde queremos combatir los flagelos de Honduras”.
“Nosotros somos muy cortos en nuestra visión. Por eso, ese titular del lunes debe ser: Honduras puede salir o hundirse a través de este proceso (primario que se avecina). La responsabilidad es compartida y debe ser de todos. ¿Adónde estamos todos? Porque si no, Dios salve a Honduras”, alertó Ortez Sequeira.
Mientras, el también magistrado David Matamoros es de la opinión de que los partidos políticos hondureños deben gozar de un financiamiento permanente para capitalizarlos y con ello formar mejores ciudadanos con cultura política.
En América Latina solo Honduras, Venezuela y Bolivia no financian permanentemente a los partidos políticos. En el caso de nuestro país, la ley ordena el desembolso gubernamental de la deuda política (20 lempiras por voto más ocho por transporte) que se paga en dos partes a los partidos políticos.
Con la recién aprobada reforma a la Ley Electoral que fija un 40 por ciento de participación de las mujeres, se decidió darles un diez por ciento adicional a la deuda política, para efectos de capacitación.
Matamoros es de la opinión que las instituciones políticas deben ser blindadas al narcotráfico. “En todos (los países) apuestan a que el partido sea permanente, que el partido se dedique a construir ciudadanía, a formar su militancia, liderazgos y apoyarlos para prepararse”.
“Las debilidades están en la misma ley. No hay montos del financiamiento, no hay auditorías, no hay un sistema donde tengan la obligación los candidatos de informar a la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos) de lo que recibieron”, dijo el magistrado. “Si no cambiamos el sistema, los resultados van a ser lo mismo”, subrayó.
“En el tema del crimen organizado, lógicamente que hay preocupación. Y el tema es más preocupante que los políticos dependen de la ayuda de alguien” para financiar sus campañas.
Hay ejemplos que Honduras debería de imitar. En México, para el caso, el Estado paga el cien por ciento de la propaganda de los partidos. Todo en partes iguales.
“Nosotros creemos todavía en el sistema político del país, creemos que hay hombres y mujeres que entran al desafío porque tienen la convicción de que quieren algo mejor para el país. Nuestra obligación es lograr que la mayoría elija, entre esa gama de oportunidades, a lo que consideren lo más adecuado”.
