Tegucigalpa, Honduras.- El programa del gobierno para reducir la mora quirúrgica mediante hospitales privados ha generado cuestionamientos por el uso de recursos públicos.
Según datos del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se contabilizan 26,292,295.66 de lempiras destinados al pago de estos servicios médicos.
La iniciativa surgió ante la creciente mora quirúrgica que presentaba el sistema de salud hondureño. Durante el programa piloto se realizaron 360 operaciones, aunque el IAIP reporta 405, y están programadas 200 más para septiembre, según informó José Miguel Castillo, subsecretario de Estado de Proyectos e Inversión en Salud.
El IAIP registra 405 facturas correspondientes a servicios de seis hospitales privados que realizaron las operaciones ante la inoperatividad de hospitales públicos.
Castillo enfatizó que los fondos destinados al pago de las operaciones realizadas en el sector privado salen directamente de Casa Presidencial.
El uso de recursos del Estado para pagar servicios a hospitales privados ha generado debate y disconformidad entre algunos sectores de la comunidad, que consideran que esas operaciones podrían realizarse en hospitales públicos si estos contaran con las condiciones adecuadas.
La emergencia sanitaria fue declarada bajo la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, con vigencia desde el 2 de febrero hasta comienzos de 2027, por parte del Congreso Nacional, a petición del Poder Ejecutivo.
Costo y operaciones
Una de las operaciones que más se realizó fue la colecistectomía laparoscópica, procedimiento de mínima invasión para extirpar la vesícula biliar. Esta intervención reporta un gasto de L10.5 millones en cinco centros de salud, con el Hospital Médico Lancetilla como el que más fondos captó.
La hernioplastia umbilical es la segunda operación más frecuente, con L1.4 millones contabilizados. La tercera intervención con más fondos devengados es la colecistectomía abierta o tradicional, también enfocada en la extracción de la vesícula biliar, que reporta L7.9 millones.
Según el médico hondureño Carlos Umaña, la colecistectomía laparoscópica generalmente se cotiza en unos L35,000. Bajo el decreto de emergencia, se estaría pagando entre L85,000 y L87,000 por procedimiento. Esto representa, de acuerdo con su comparación, unos L57,000 más por operación: “el precio de una aseguradora”.
En el caso de la hernioplastia, Umaña señaló que puede tener un valor de entre L30,000 y L35,000. El portal del IAIP registra esta misma operación con valores que van de L46,000 a L71,000.
Umaña explicó que el costo de las operaciones depende del hospital y del seguro, y que los procedimientos son más caros cuando se realizan mediante una red de aseguradoras privadas, que son los valores que, según indicó, está pagando actualmente el Gobierno bajo la emergencia de salud.
Las cifras del IAIP muestran que una operación en un hospital privado está siendo cobrada dos o más veces por encima de su valor para un ciudadano común. Además, según el planteamiento expuesto en la información, esta medida no solucionaría la mora de hondureños pendientes de una operación, que ronda los 10,000 pacientes.
Por su parte, Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), señaló que el Hospital San Felipe es un ejemplo de eficiencia en la reducción de la mora quirúrgica y recomendó al Gobierno concentrarse en la inversión de recursos y en el personal capacitado.
Asimismo, Figueroa enfatizó que la medida de emergencia de salud para atender la mora quirúrgica no está enfocada en lo que debería ser prioritario: “no tiene la misma prioridad una hernia, (aunque es importante), se debería anteponer a un diagnóstico oncológico, una resonancia, una biopsia de ganglio”.
El subsecretario de Estado de Proyectos e Inversión en Salud, enfatizó que los recursos de la emergencia destinados a atender la mora quirúrgica salen de Casa Presidencial y no de la Secretaría de Salud (Sesal). Sin importar qué institución haga el desembolso, señaló, son los impuestos de los ciudadanos los que permiten financiar estas obras.
