Tegucigalpa, Honduras
Posturas a favor y en contra se tejen en diversos sectores de la sociedad acerca de la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Sectores de la política, empresa privada y la sociedad civil se pronunciaron ayer sobre la propuesta de reforma al sistema de justicia entregada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de Honduras.
La OEA oficializó el lunes en Washington, Estados Unidos, el envío de una misión contra la corrupción y la impunidad al país para impulsar reformas y fortalecer el sistema de justicia hondureño.
Lo hizo mediante una propuesta entregada al presidente Juan Orlando Hernández que se desprende del proceso de diálogo que fue convocado por el gobierno y coordinado a través del experto chileno John Biehl.
El representante de la sociedad civil, Carlos Hernández, dijo ayer que la propuesta de la OEA contiene elementos “importantes” y afirmó que representa un mensaje “contundente” en la lucha contra la corrupción.
“Es una propuesta que tiene elementos que son importantes, estamos hablando de jueces y juristas internacionales, estamos hablando del Mesicic (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción), que siempre ha estado y que los estados no le han prestado atención”, dijo.
Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, expresó que la propuesta de la OEA permitirá al gobierno de Honduras mejorar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Afirmó que la empresa privada comenzará a revisar la propuesta para acercarse al gobierno y a la misma OEA y sumarse a la implementación de la misma en el país.
“En verdad es una buena alternativa, creo que respeta la institucionalidad y, acompañada con la elección de la nueva corte, debe de fortalecer el sistema judicial, que es una prioridad para combatir la impunidad y la corrupción”, opinó.
La propuesta de la OEA establece la creación de una estructura anticorrupción que durante dos años ejecute cinco grandes lineamientos que permitirían restaurar la credibilidad del sistema de justicia en el país.
La primera es el establecimiento de un grupo de jueces y fiscales internacionales cuya labor sea supervisar, asesorar y brindar apoyo a los órganos de control hondureños en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por actos de corrupción.
La segunda es la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
La tercera tiene que ver con el apoyo a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) en Honduras.
La cuarta es la asistencia en la implementación de las recomendaciones identificadas por las evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) realizado por la OEA.
La última plantea la creación de un observatorio de justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil hondureña para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma del sistema de justicia hondureño.
Estructura
A criterio del ex comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, el país ya cuenta con su propia estructura jurídica para castigar a quienes cometan actos de corrupción.
Custodio consideró ayer que proponer más reformas al sistema de justicia en Honduras representa darles libertad a los corruptos.
“Ya hay suficiente estructura jurídica, lo que hace falta es el carácter de las personas, entereza de carácter y que dejemos que sean independientes los policías, los fiscales y los jueces”, dijo.
“Ya no tenemos que estar esperando más, ellos (la OEA) lo que proponen es una reforma más, reforma es seguirles dando libertad a los corruptos de este país”, subrayó.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras estará dirigida por un jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia profesional en la investigación en temas de anticorrupción y el combate a la impunidad.
El jefe de la misión reportará directamente a la Secretaría General de la OEA, pues será designado en los próximos días por medio de este organismo.
Ariel Varela, representante del movimiento de “indignados”, dijo ayer que la propuesta de la OEA no reúne las demandas planteadas por la sociedad hondureña en torno al combate a la corrupción.
“Es lamentable cómo viene la OEA y se presta a corromper un proceso de diálogo en el cual se había dicho que se iban a tomar en cuenta las partes en conflicto y se inclinaron a la parte del gobierno”, dijo.
En los próximos días una delegación de la OEA estará viajando a Honduras para dar los primeros pasos de la puesta en práctica de la iniciativa de lucha contra la corrupción.
El presidente Juan Orlando Hernández anunció que viene un proceso de socialización del plan de reforma al sistema judicial con todos los sectores del país.
Afirmó que el diálogo contra la corrupción continúa abierto para analizar otras acciones que permitan mejorar el funcionamiento de las instituciones operadoras de justicia.
Según la OEA, la Maccih ayudará al Estado de Honduras a cumplir los compromisos internacionales adquiridos contra la corrupción y a fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Además, ayudará a mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado que trabajan en la materia, a impulsar reformas al sistema de justicia hondureño y a fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil.
