Tegucigalpa, Honduras.- La ola de violencia registrada en las últimas 24 horas, que dejó unas 27 personas fallecidas en dos masacres casi simultáneas en Corinto, Omoa, y Trujillo, Colón, agravó la crisis en el sector de seguridad ciudadana.
La indignación, el horror y el clamor de justicia de la población aumentan a medida que avanzan las horas sin que la Policía Nacional presente capturas contundentes, limitándose al despliegue de uniformados y al anuncio de que la cúpula policial investigará internamente las fallas tácticas de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Ante el luto de decenas de familias y el vacío de respuestas claras, diversos sectores sociales y políticos de oposición han comenzado a exigir la dimisión inmediata del secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez .
Las críticas apuntan a una aparente incapacidad para dilucidar los hechos y dar con los responsables de la ejecución de 20 trabajadores agrícolas en Colón y la emboscada donde murieron cinco agentes policiales y dos delincuentes en Cortés, un escenario que los analistas califican como un severo quiebre en la estrategia de seguridad pública.
Al ser consultado directamente sobre si pondrá su cargo a disposición de la Presidencia de la República, Velásquez esquivó la posibilidad de una renuncia voluntaria y amparó su continuidad en el marco legal vigente.
El funcionario recordó que, según la Ley de la Administración Pública, la permanencia de los secretarios de Estado depende exclusivamente de la potestad del Poder Ejecutivo, delegando la responsabilidad de su remoción a las decisiones que adopte el mandatario en el marco de sus facultades de confianza.
“Según la ley de la Administración Pública, los cargos de secretarios, subsecretarios y directores son puestos de confianza y el presidente tiene plena libertad y en cualquier momento poder pedirle a cualquier ministro que deje el puesto”, argumentó.
Asimismo, atribuyó las exigencias de su salida a una estrategia de desgaste promovida por bloques políticos de oposición, desestimando la presión ciudadana como parte de una supuesta campaña mediática en contra de la gestión gubernamental actual.
Velásquez se remitió a la reciente comparecencia del presidente Nasry Asfura, asegurando que el mandatario ya fijó una postura categórica sobre el rumbo de la seguridad y el respaldo a su gabinete de gobierno, por lo que instó a trasladar los cuestionamientos a los sectores que promueven los ataques políticos.
Entretanto, el despliegue militar y las intervenciones institucionales no logran mitigar la sensación de impunidad ni el dolor de las familias que hoy entierran a sus víctimas en un ambiente de total desamparo estatal.
