Tegucigalpa, Honduras.- El conflicto en el Tribunal de Justicia Electoral (TSE) escaló este viernes, luego de que los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona denunciaran ante el Ministerio Público a su colega Mario Morazán, a quien acusan de obstaculizar el funcionamiento del órgano electoral.
“No se ha presentado a las sesiones; que el Ministerio Público haga las valoraciones”, declaró Flores Urrutia tras acudir a las oficinas del ente investigador, donde afirmó que el accionar de Morazán ha impedido el normal funcionamiento del tribunal.
El presidente del TJE subrayó que el tribunal posee rango constitucional y actúa con independencia de los otros poderes del Estado. “El pueblo ha sido testigo. Veremos si el Ministerio Público está del lado de la verdad o de la mentira”, expresó.
Flores advirtió además que, si la Fiscalía no da trámite a la denuncia, la ciudadanía juzgará su proceder: “El pueblo será quien haga las valoraciones, si está del lado de la justicia o de un sector político”, afirmó.
Según el magistrado, el propósito de la denuncia es que el MP investigue “de manera imparcial y apegada a la ley” las presuntas faltas de Morazán, quien habría incumplido sus funciones constitucionales dentro del pleno.
Recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia
Horas antes, los magistrados Flores Urrutia y Barahona presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que el Ministerio Público ha vulnerado la independencia del TJE.
“El cuerpo de abogados nos recomendó interponer este recurso contra las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público”, dijo Flores Urrutia al salir de la Corte.
El magistrado explicó que el recurso busca frenar la intervención del MP tras las inspecciones y requerimientos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en las oficinas del tribunal. Añadió que se notificó a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación.
El pasado 28 de octubre, fiscales del MP ingresaron al edificio del TJE y secuestraron documentos físicos y digitales, sin detallar públicamente los motivos de la diligencia.
Ese mismo día, Flores denunció que personas sospechosas permanecieron frente a su vivienda, luego del ingreso de los agentes de la DPI al tribunal.
“Una clara intervención del Ministerio Público”
El abogado Oliver Erazo, representante de los magistrados denunciantes, afirmó que el amparo se interpuso por lo que calificó como “una clara perturbación” a las funciones del TJE.
“Esto constituye una instrumentalización de la justicia, una crisis que vulnera derechos fundamentales y la Carta Democrática Interamericana”, manifestó.
El abogado explicó que la acción legal incluye la solicitud de una medida cautelar de inmediata, para que la Fiscalía se abstenga de continuar perturbando las funciones de los magistrados del tribunal.
“La medida cautelar debe ser despachada en el acto, en el sentido de que dejen de interferir en la función de los magistrados del tribunal”, detalló.
Asimismo, pidió a la Sala de lo Constitucional de la CSJ se pronuncie en un plazo razonable, idealmente en las próximas 24 horas, para determinar si se admitirá o no el amparo.
Erazo exhortó a la OEA a enviar una misión de observación y solicitó a la Sala de lo Constitucional resolver en un plazo razonable la admisibilidad del amparo.
El Conflicto
La crisis a lo interno del TJE ocurre a pocas semanas de las elecciones generales. Morazán ha justificado sus ausencias alegando que no se prestará “a aprobar supuestas ilegalidades” atribuidas a sus colegas.
El conflicto se intensificó tras la resolución sobre la inscripción del diputado Jorge Luis Cálix, cuya candidatura fue aprobada por el TJE al revocar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Morazán no participó en esa sesión, lo que, según sus compañeros, entorpeció la ejecución de una sentencia firme.
Mientras tanto, la presencia del Ministerio Público en las oficinas del tribunal ha sido interpretada por los magistrados denunciantes como una intromisión en un órgano de autonomía constitucional.
El desenlace dependerá de la decisión del MP y de la Sala de lo Constitucional, que deberán pronunciarse sobre la denuncia y el recurso de amparo.
