Tegucigalpa, Honduras.– El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció ser víctima de una persecución política impulsada desde el oficialismo, luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un antejuicio en su contra y en la de la magistrada Miriam Barahona por el presunto delito de prevaricato judicial.
Flores Urrutia aseguró que ha sido objeto de seguimientos y actos de intimidación, al observar vehículos sospechosos rondando su entorno. “He encomendado mi vida a Dios. Lo que está ocurriendo es una persecución desmedida, una copia de lo que pasa en Venezuela”, expresó.
El magistrado sostuvo que el antejuicio no tiene fundamento legal, ya que sus resoluciones y las de su colega se emitieron conforme a la ley. “No nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan, simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional”, manifestó.
Denunció además que la acción del MP busca “asaltar y dar un golpe a las instituciones electorales”, atentando contra la independencia del TJE. “Honduras quiere paz y democracia, y este antejuicio representa una instrumentalización del Estado”, advirtió.
Flores señaló que la persecución también afecta a otros miembros de los entes electorales, entre ellos la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, la magistrada Barahona y el diputado Zambrano, quienes —dijo— han sido víctimas de presiones políticas.
“El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos”, denunció.
El magistrado afirmó que las resoluciones cuestionadas se sustentan en la Constitución de la República, la Ley Electoral y tratados internacionales como la Carta Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en que “este no es un caso de ilegalidad, sino de independencia institucional”.
