Lejos de los mecanismos institucionales de control y transparencia en el uso de recursos estatales en Nicaragua, la familia Ortega Murillo penetró desde 2007 en un amplio menú de nuevos negocios —petróleo, combustibles, energéticos, televisoras, radioemisoras, ganado y turismo— que mezclaron factores públicos y privados bajo un influyente entarimado político-partidista abastecido con millonarios fondos transferidos por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En una nación que es la segunda más pobre de América y que arrastra una tradición de opulencia en sus jerarquías políticas, los Ortega Murillo edificaron un conglomerado empresarial en más de 58 meses y parecen simbolizar una versión renovada del suntuoso poder presidencial nicaragüense precedido por apellidos como Somoza y Alemán.
“En 45 años, la dictadura de la familia Somoza (que gobernó de 1934 a 1979) no hizo tanto dinero como ha hecho el presidente Daniel Ortega en menos de cinco años al frente del gobierno. No tiene nada que envidiarle a los Somoza”, dijo el nicaragüense Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, consultado por El Universal.
“La familia presidencial ha venido enriqueciéndose, vive con mucho derroche y opulencia, sin control estatal de los recursos que recibe”, añadió. “Es contradictorio ver a un presidente que dice que su gobierno es de los pobres, pero se mueve en un vehículo que cuesta muchas decenas de miles de dólares, mientras la población tiene necesidades extremas: hay más de 500,000
niños en la miseria en las calles, más del 40 por ciento de nicaragüenses sobrevive con dos dólares al día y el 30 por ciento con un dólar diario”, explicó.
Con las ganancias de la venta de combustibles y derivados a precios de mercado, el presidente, su esposa Rosario Murillo sus hijos y otros parientes, así como el gobernante FSLN —dominado por la misma familia—, incursionaron en numerosas actividades empresariales privadas y rechazaron exigencias de partidos políticos y otros sectores de rendir y someter el dinero a examen público.
