El 2012 fue un año irregular en la actividad legislativa en Honduras. La política marcó pautas a los diputados que dedicaron más tiempo a la campaña electoral.
La producción de leyes a la carrera acarreó un conflicto con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de siete decretos, lo que al final desembocó en la destitución de cuatro magistrados de ese órgano judicial.
Golpe técnico a la CSJ
En una acción calificada de “ilegal” y violatoria del principio de independencia de los tres poderes del Estado, el Congreso Nacional destituyó a cuatro de los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia.
Este acto también fue considerado como “golpe técnico” propinado por dos poderes del estado, ya que con la separación de los jueces también estuvo de acuerdo el presidente Porfirio Lobo Sosa, según lo ha dicho él mismo.
El malestar entre Lobo y el titular del CN, Juan Hernández, radica en que los cuatro magistrados miembros de la Sala Constitucional fueron quienes “torpedearon” algunas leyes con visos inconstitucionales, pero que eran material del gobierno para impulsar la depuración policial. En total, 97 diputados se prestaron para este acto ilegal.
Ley de extradición
En los primeros días del año, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma constitucional para que hondureños implicados en narcotráfico y terrorismo puedan ser extraditados.
En una sesión a puerta cerrada, por razones de seguridad, los diputados aprobaron la reforma del artículo 102 de la Constitución, que da vía libre a la extradición de narcos hondureños.
La reforma, que luego dio lugar a una ley, permitirá al gobierno suscribir tratados de extradición con otras naciones, principalmente con Estados Unidos, hacia donde va dirigida la mayor parte de la cocaína procedente de América del Sur.
Los congresistas también aprobaron otra reforma al artículo 122 de la Constitución para sancionar con penas de hasta 20 años de cárcel a miembros de pandillas o maras y policías que realicen extorsiones o chantajes.
Ley de judicatura
Un paso histórico para la modernización del Poder Judicial fue la aprobación de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial, que da lugar a la separación de funciones de la Corte Suprema de Justicia.
Se creó un Consejo de la Judicatura que será el órgano administrativo, lo que permitirá que los magistrados se dediquen exclusivamente a impartir justicia. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso al no elegirse a los miembros del Consejo debido a irregularidades en la nominación de candidatos.
“Ciudades modelo”
Diversos sectores de la sociedad se opusieron a la creación del proyecto de “ciudades modelo” que trató de instaurar desde el Congreso el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
La reforma fue declarada inconstitucional por lesionar el territorio y por lo establecido en el estatuto que daba vida a esas Regiones Especiales de Desarrollo.
Más de 50 recursos en contra de las “ciudades modelo” conoció la Corte Suprema de Justicia.
Reforma Política
El Congreso Nacional emitió un polémico decreto que violó el organigrama de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos al ampliar el plazo para la inscripción de movimientos que fueron calificados por algún sector como de “maletín”.
Asimismo, para permitir que se inscribieran candidaturas de consenso no contempladas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. El Tribunal Supremo Electoral denotó debilidad en este asunto donde el poder político gobernante, coludido por una débil y castrada clase opositora, le puso el fraude en sus manos al candidato que resultó del partido gobernante.
Ley de Educación
La nueva Ley de Educación causó polémica entre el gobierno y la dirigencia magisterial, pese a que no fue aplicada en un cien por ciento debido a la falta de reglamentos.
Con esa ley, se dijo, se pondría fin al caos administrativo y el relajo en el sistema educativo, pero los líderes magisteriales la han denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. La aplicación de esta ley implicaba la erogación de 1,500 millones de lempiras.
Depuración policial
El Congreso aprobó un decreto de vigencia temporal (seis meses) que otorgó amplios poderes al director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, para proceder a la depuración policial.
En este proceso fueron purgados varios oficiales que no pasaron las pruebas de confianza, especialmente el polígrafo, que se convirtió en el azote de varios policías. La depuración continuará tras la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Policía que dan permanencia a este proceso.
Compra de lanchas
En una sesión a puertas cerradas y sin la presencia de periodistas, el Congreso Nacional autorizó a las Fuerzas Armadas un contrato de arrendamiento, con opción a compra, de ocho lanchas de alto poder para el combate al narcotráfico.
El contrato tiene un costo de 62 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de lempiras. La polémica medida causó suspicacias ya que la empresa responsable del suministro es Servicios Marítimos Internacionales Sa de CV, de origen holandés, cuyos antecedentes no se dieron a conocer y apenas tiene seis meses de funcionar.
Aprueban plebiscito
La Ley de mecanismos de Participación Ciudadana que regula la aplicación de las figuras del plebiscito y el referéndum fue aprobada en una sesión a rajatabla, ante la urgencia de poner en práctica la primera consulta ciudadana en las elecciones generales de 2013.
La ley dejó sin restricciones el tipo de consultas, por lo que quedaron a expensas del plebiscito los artículos pétreos de la Constitución de la República, que incluyen la forma de gobierno y la reelección, todos los asuntos relacionados al Poder Judicial y en general se puede consultar si el pueblo hondureño quiere una constituyente.
“Trancazo” del año
Y para cerrar con
“broche de oro” las sesiones del año 2012, el Congreso aprobó un “trancazo” por el uso de la carretera que comprende el Corredor Logístico (Goascorán, San pedro Sula, Puerto Cortés), donde los vehículos medianos pagarán 16 lempiras en cada caseta de cobro de peaje, habiendo en todo ese recorrido unas cuatro postas. El CN también aprobó la concesión del Corredor Turístico: SPS, Progreso y Tela.
