Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la presidenta Xiomara Castro oficializó la inclusión del libro El Golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, como lectura obligatoria dentro del sistema educativo nacional.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo número 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo de 2025, en su edición número 36,798.
Según el articulado, el gobierno ordena a la Secretaría de Educación “instruir a quien corresponda la elaboración, aprobación y posterior incorporación al plan de estudios en los niveles básico y medio de la Cátedra Morazánica, mediante la cual se difundirá la obra y vida del héroe nacional José Francisco Morazán Quezada”.
Dentro de esta cátedra, y como parte de los materiales obligatorios, se deberá incorporar El Golpe 28-J, libro que aborda los hechos ocurridos durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente Zelaya fue derrocado por las Fuerzas Armadas.
El decreto cita como fundamento los artículos 157, 245 (numeral 28), 246 y 247 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2, 6, 16 y 70 (numeral 1, literales a) y b)) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.
En el considerando del decreto, el gobierno establece que “la educación es una función esencial del Estado, por medio de la cual se debe conservar y fomentar la cultura, así como los sentimientos hondureñistas, para el fortalecimiento de los principios esenciales de la democracia”, citando en forma referencial el artículo 151 de la Constitución de la República.
Además, el artículo 2 del decreto ordena a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) realizar las acciones administrativas necesarias para la impresión del libro.
La Secretaría de Finanzas, por su parte, deberá efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan para cubrir los costos del proyecto editorial. Según la publicación en La Gaceta, “el libro será donado a escuelas, instituciones y diferentes sectores para que los hechos no se repitan”.
El ministro de Educación, Daniel Esponda, confirmó que el contenido del libro será parte del plan de estudios. En respuesta a los cuestionamientos públicos, Esponda aseguró que “es cierto su difusión dentro de las aulas de clases”.
Agregó: “Se debe incluir en la Cátedra Morazánica el estudio histórico de lo sucedido en el golpe de Estado de 2009. Esto es para todos los niveles del sistema educativo nacional, pero tendrá algunas adaptaciones curriculares dependiendo de las edades”.
Carlos Sabillón, representante de instituciones privadas, tildó el decreto como “una disposición inconstitucional”, argumentando que atenta contra garantías fundamentales, como la libertad de cátedra.
“Se atenta contra la libertad de cátedra de cada docente, indicando que gozan de este derecho, pero que este decreto les ordena tomar ese libro de manera obligatoria, sin saber si es bueno, de calidad o no”, expresó Sabillón.
Recalcó: “Uno puede deducir por el título la visión que tiene la gente de Libre de los eventos del 28 de junio de 2009, y sabemos la posición que tienen ellos sobre este tema”.
Sabillón advirtió que esta obligación forzará a los maestros a desarrollar el tema con una sola perspectiva: “la visión que tiene el Partido Libre”, afirmó.
Agregó que los promotores del libro “se están lavando las manos, diciendo que los culpables de la crisis política de 2009 son otras personas”, cuando, según él, “parte de la responsabilidad cae en el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006–junio de 2009) por querer promover la Constituyente”.
El representante del sector privado también señaló que se está manipulando la figura histórica de Francisco Morazán para justificar una narrativa política actual.
“Aseveró que se atenta contra la libertad de cátedra, la libertad de investigación y se manipula la figura de Francisco Morazán”.
El libro El Golpe 28-J hace referencia al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.
Ese día, el entonces presidente Manuel Zelaya fue capturado por las Fuerzas Armadas y enviado al exilio, tras haber impulsado una consulta popular para conocer si el pueblo apoyaría la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional consideraron que la consulta como un intento de violentar la Constitución, al interpretar que Zelaya buscaba extender su mandato más allá del período constitucional.
En respuesta, el Congreso nombró al presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, como presidente interino.
