Los centros de internamiento de menores infractores de la ley están en deplorables condiciones y la población vive completamente hacinada.
Esta situación fue expuesta en un informe de la organización no gubernamental Casa Alianza.
La investigación se hizo para advertir la situación y evitar que pueda presentarse una tragedia como el incendio que consumió el penal de Comayagua, que cobró la vida de 361 reos.
Los centros investigados fueron Renaciendo, Sagrado Corazón de María y El Carmen.
El informe hace constar en sus conclusiones que Honduras es uno de los países de América donde más se violan los derechos de los menores.
A pesar de que el país cuenta con herramientas legales para regular la justicia penal juvenil, entre ellas el Código de la Niñez y la Adolescencia, solo queda en la teoría.
“Tenemos a los niños y niñas viviendo en condiciones infrahumanas donde hay hacinamiento, suciedad, mala infraestructura y se carece de insumos elementales, que no contribuyen al proceso de regeneración que deben tener los jóvenes”, dijo José Manuel Capellín, director de Casa Alianza.
El principal objetivo de este informe es llamar la atención de las autoridades, para que se interesen en corregir antes de que suceda una tragedia lamentable como la que ocurrió con los privados de libertad de Comayagua. Manuel Capellín lamentó la incapacidad de las autoridades para legislar a favor de un enfoque de justicia juvenil restaurativo, que facilite la reinserción de los pequeños infractores a la sociedad, para que se alejen de la contaminación de las cárceles.
“No se puede privar de libertad a un joven por un delito menor en un centro penal donde aguardan prisión asesinos, secuestradores y violadores, se debe terminar con esta escuela del crimen”, expresó.
Del centro Renacimiento se trasladaron hacia la granja de Comayagua al menos unos 65 casos para que los imputados pudieran terminar sus condenas y de estos hay 3 personas confirmadas que murieron en el siniestro y no se descarta que hayan más.
Hace 8 años la CIDH y la Corte Suprema de Justicia dictaron medidas cautelares sobre los centros de detención de menores que tenían que ver con infraestructuras, metodologías y procesos de justicia, pero aún no se ha hecho nada.
