A más de una mes de del estallido del escándalo por la corrupción a lo interior de la Policía Nacional, diversos sectores de la sociedad continúan demandando al gobierno de Honduras una intervención a fondo en esa institución de seguridad.
Son varias las propuestas presentadas a fin de que se ponga fin a los actos irregulares por parte de los uniformados.
En ese sentido, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, llamó nuevamente este miércoles a las autoridades a tomar acciones que den como resultado la depuración policial.
Expresó que nadie puede darle la espalda a lo que sería la intervención, especialmente quienes dirigen los rumbos del país. Lamentó que altos oficiales se opongan a la medida.
“Creo que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima, como es tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, manifestó Castellanos.
Decisión definitiva de “Pepe”
Respecto al rol del Ejecutivo en este tema, la rectora apuntó que en estos días pedirá una cita al presidente Porfirio Lobo Sosa, “para conocer de manera definitiva sobre su voluntad política para una depuración policial”.
Tanto para representantes de la UNAH, como para otros sectores de la sociedad, las medidas que se han tomado para contrarrestar la corrupción entre los policías son superficiales, por lo que recientemente propuso incluso la participación internacional para lograrlo.
Lobo ha mencionado en reiteradas oportunidades que no se puede actuar a la ligera, que se debe dar tiempo al actual ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, aunque aseguró que no se opondrá a las recomendaciones que presenten sectores de la sociedad sobre este asunto.
Colapsado
A juicio de la rectora Castellanos este debe ser un tema de Estado.
Informó que en su reunión de ayer con el fiscal general, Luis Alberto Rubí, se “mostraron” los números telefónicos de las personas quienes estarían extorsionando a la ciudadanía.
Confirmó que las llamadas se hacen desde los centros penitenciarios, tal y como aconteció con la familiar de un importante empresario hondureño.
Es por eso, apuntó, que la depuración debe ser en todo el aparato de seguridad del Estado.
“Es necesaria la intervención porque todo el sistema está realmente colapsado”, señaló.
