Tegucigalpa, Hnduras.-El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, aseguró que el proceso de juicio político en su contra carece de sustento legal y responde a intereses partidarios, tras comparecer ante la comisión especial del Congreso Nacional.
A su salida de la audiencia, Morazán afirmó que lo que vio en su comparecencia “era una mera narrativa que no soporta el peso de los hechos”, al tiempo que sostuvo que la situación que originó el conflicto en el TJE se debió exclusivamente a un caso de inscripción que estaba prohibida por la ley.
El magistrado también denunció la existencia de una supuesta colusión entre representantes del diputado Jorge Cálix y la presidencia del TJE en el manejo del caso, señalando que estos elementos desvirtúan los señalamientos en su contra.
“La narrativa ha quedado desvanecida y no existe un tan solo hecho en virtud del cual se pueda en derecho realizar un juicio político”, expresó, insistiendo en que sus actuaciones se realizaron conforme a la ley.
Morazán calificó el proceso como un “juicio politizado, partidariamente”, y no un verdadero juicio político, al considerar que no existen causales legales para proceder en su contra.
Asimismo, indicó que su comparecencia tuvo como objetivo principal informar a la ciudadanía sobre su versión de los hechos. “Yo vine aquí con un solo propósito y es que a través de ustedes y de los medios de comunicación el pueblo tuviera el derecho a conocer la verdad”, manifestó.
En ese sentido, cuestionó la legalidad del proceso y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado deficiencias en la normativa hondureña sobre juicio político.
Según Morazán, este organismo internacional ya ha solicitado al Estado de Honduras reformar dicha ley al considerar que no garantiza plenamente el debido proceso, el derecho a la defensa ni la independencia judicial.
El magistrado suspendido sostuvo que cualquier decisión que adopte la comisión o el Congreso será responsabilidad exclusiva de esos órganos, reiterando que, a su juicio, el proceso en su contra es ilegal.