Tegucigalpa, Honduras.- Durante la mañana de este miércoles, un juez del Poder Judicial resolvió dictar auto de formal procesamiento a los 12 imputados del caso conocido como "Chequesol". Entre ellos se encuentran la diputada Isis Cuéllar, del partido Libertad y Refundación (Libre), y el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.
En lugar de prisión preventiva, el juez impuso medidas cautelares, lo que revoca el arresto domiciliario previo al que estaban sometidos.
Esto significa que los señalados continuarán el proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones y las etapas procesales.
La suspensión del cargo de Cuéllar como diputada se mantiene vigente hasta que se defina su situación legal.
Entre los imputados, además de Cardona y Cuéllar, figuran Luis Manuel Fernández García, José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez, Casandra Gáleas Arias, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.
Acusación y medidas cautelares
Los 12 imputados, acusados por presunto fraude continuado en perjuicio del Estado de Honduras, deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, firmar semanalmente en la Corte Suprema de Justicia y tienen prohibido salir del país.
Tres firmarán en Santa Rosa de Copán y otro en un juzgado de Olancho, por ser sus lugares de residencia. Además, no podrán comunicarse con otros involucrados ni con los supuestos beneficiarios del caso.
El Ministerio Público, había solicitado prisión preventiva para todos los acusados. Sin embargo, las defensas solicitaron medidas alternativas, y el juez unificó los 67 delitos inicialmente imputados en una sola figura penal: fraude continuado.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó en noticieros Hoy Mismo que "estos 67 delitos se subsumen en un delito de fraude continuado".
Antecedentes del caso Chequesol
El caso se hizo público en junio de 2025 tras la filtración de un video en el que Cardona y Cuéllar discutían el uso de fondos estatales para financiar “kits de sonido” y actividades proselitistas en las 23 coordinaciones de Libre en Copán.
Según las investigaciones, los fondos, originalmente destinados a ayudas sociales a través del Fondo de Administración Solidaria, fueron desviados a funcionarios, políticos y activistas del partido.
